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Una magistrada del Tercer Tribunal Unitario resolvió como favorable un segundo amparo para obligar al juez que lleva el caso a que revise si le otorga o no el beneficio de prisión domiciliaria a la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.
Según la defensa, encabezada por el abogado Marco Antonio del Toro Carazo, en un plazo de tres días hábiles que se cumple el viernes se tendría que entregar la notificación al magistrado del Primer Tribunal Unitario, para que a su vez elabore una propuesta de cumplimiento de amparo sobre si le concede o no el beneficio de prisión domiciliaria a la ex lideresa magisterial.
“El cambio de situación fue que se consiguió un segundo amparo por lo de la prisión domiciliaria. Se va a tener que dar cumplimiento en los próximos días, para el viernes”, señaló.
El abogado consideró que el traslado de Gordillo Morales a una de sus propiedades en la Ciudad de México se podría dar “en un plazo próximo, porque las bases legales para que esto ocurra se surtieron”, dijo en entrevista.
La defensa propone que el traslado se realice a uno de los departamentos que posee la ex dirigente del SNTE en Polanco, en Galileo 7, luego de que el gobierno de la Ciudad de México revisó y aprobó que existen las condiciones de seguridad en el inmueble y para evitar un intento de fuga.
Esto no quiere decir que se le haya concedido el beneficio para continuar su proceso penal desde su casa, pero sí implica que la magistrada del Tercer Tribunal Unitario le pide a su colega del Primer Tribunal Unitario que considere la situación de salud en la que se encuentra Gordillo Morales en el momento en que tome su resolución.
Cuando se le pidió al abogado que detallara si la situación por la cual está pasando la maestra obliga al juez del Primer Tribunal Unitario a que revise el caso nuevamente para decidir si le da o no el beneficio de prisión domiciliaria, respondió que “no hay de otra más que conceder (...).
“Es de tal nivel las limitaciones que le impusieron que no hay de otra más que conceder. Le dijeron que todos los motivos por los que se dijo como procedente la prisión domiciliaria subsisten. Todos aquellos que sirvieron para negarla se declaran inconstitucionales. Finalmente, se dice que se debe tomar en cuenta el derecho como adulto mayor con enfermedades crónico degenerativas”, afirmó el defensor.
El argumento que mantiene la defensa es que Gordillo Morales es una adulta mayor de 70 años, el cual es uno de los principales requisitos que demanda la Constitución para otorgar este beneficio. El otro es que no exista riesgo de fuga.
El 26 de febrero se cumplieron dos años desde que la ex presidenta del sindicato magisterial fue detenida por la Policía Federal en el aeropuerto de Toluca y fue acusada por la Procuraduría General de la República (PGR) de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Se le acusó de haber desviado a sus cuentas personales casi dos mil millones de pesos provenientes de las cuotas sindicales que aportaban los docentes agremiados al SNTE.
Esta es la segunda ocasión en el año que la defensa de Gordillo Morales gana un amparo para que el juez del Primer Tribunal Unitario revise su resolución sobre la situación de la maestra. La primera fue en marzo, cuando se interpuso y ganó un amparo similar para obligar al magistrado del Primer Circuito a volver a pronunciarse sobre darle o no la prisión domiciliaria.
Lo que faltaba era esperar a que la decisión fuera calificada por el Tercer Tribunal Unitario, lo cual ocurrió ayer por la tarde. El abogado explicó que en su resolución, la magistrada pide que se considere la edad y la situación de deterioro de la salud de Gordillo.
La maestra, de 72 años, presenta un cuadro clínico de 10 enfermedades: hepatitis viral tipo C, hipertensión arterial sistemática secundaria a la insuficiencia renal moderada y dos aneurismas seculares en el cerebro, y desde hace años sólo tiene un riñón.
