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La defensa del sargento José "N" , implicado en una presunta ejecución extrajudicial ocurrida durante los enfrentamientos del 3 de mayo pasado en Palmarito, Puebla, se prepara para presentar un amparo contra la orden de vincular a proceso al elemento castrense emitida por un tribunal federal.
La semana pasada los abogados del sargento fueron notificados de la resolución del Segundo Tribunal Unitario en Puebla que ordenó vincularlo a proceso y dejar sin efectos la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad que determinó su liberación bajo las reservas de ley.
El juez de control consideró que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público federal fueron insuficientes para mantener vigente la orden de prisión preventiva en contra del sargento, pues sólo ofreció un dictamen pericial que no fue concluyente y opiniones de peritos que no pudieron ser valorados como pruebas, así como los testimonios de otros militares que no señalaron directamente al general como responsable.
Sin embargo, el magistrado Esteban Santos Velázquez, titular del Segundo Tribunal Unitario, al resolver la impugnación de la Procuraduría General de la República contra la decisión del juez de control, consideró que esas pruebas eran suficientes para vincularlo a proceso por el delito de homicidio calificado.
Alejandro Robledo, abogado del militar, indicó que por el momento su cliente continuará preso en el cuartel militar en el que enfrenta un proceso penal castrense y el caso de Palmarito se tramitará de manera paralela al mismo.
Por el momento, esperarán a ofrecer y desahogar las pruebas que acrediten que su cliente no es el militar que aparece en un video difundido en redes sociales detonando un arma para matar a un supuesto ladrón de combustible durante los enfrentamientos del 3 de mayo pasado en Palmarito.
“Estamos en etapa complementaria o de investigación judicializada y ofreceremos pruebas dentro de la carpeta para que en su momento sean analizadas por el juez de control”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL .
“Mi cliente está preocupado por esta resolución que se dio en un tiempo récord de tres días, porque el expediente le llegó al tribunal el 27 de junio y para el 30 ya estaba resuelto”.
La investigación judicializada, etapa en la que se encuentra el asunto, puede durar hasta tres meses más, por lo que el abogado afirmó que existen elementos técnicos que no fueron considerados en la resolución del Tribunal Unitario y ante ello, promoverán un juicio de amparo contra su determinación.
Anunció que esperan tener lista la demanda la próxima semana.
ahc
