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El principal problema en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio radica en la falta de capacitación en los operadores y no en los estatutos que sigue, señalaron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.
En días pasados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se pronunciaron por separado a favor de modificar este sistema para evitar que los presuntos delincuentes queden en libertad y esto afecte la incidencia delictiva.
Diana Cristal González Obregón, abogada penalista y una de las redactoras del Código Nacional de Procedimientos Penales, afirmó que la problemática es que no se le ha dado seguimiento a la implementación y a la capacitación.
“No se le puede echar la culpa al sistema porque se ha perdido el liderazgo nacional en el seguimiento a la implementación, existe ignorancia y falta de conocimiento en lo que implica el Sistema Penal Acusatorio. Es injusto que se le eche la culpa a un sistema para tapar la falta de responsabilidad a nivel nacional para capacitar al personal”, señaló la especialista.
González Obregón asegura que la prisión preventiva puede ser aplicada en casos urgentes y para asegurar que no exista impunidad, pero los operadores desconocen estos procedimientos.
“El error no está en el sistema, está en la falta de capacitación que se ha tenido con los operadores. El Ministerio Público puede usar en caso urgente la detención en caso de flagrancia. El Sistema Penal Acusatorio de México es el único que permite en su Código Nacional que antes de que se le vincule se pueda aplicar prisión preventiva. Es el único que antes de que el juez ponga medida cautelar, el MP la puede aplicar para evitar impunidad, es urgente que se entienda el sistema y se le dé la importancia a la capacitación que amerita”, alerta la experta.
Gonzalo Alanís Figueroa, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, coincide en que el sistema necesita ajustes derivados de su operación para hacerlo más eficiente: “También es cierto que se necesita de un plazo mínimo para poder darnos cuenta y saber qué es lo que está funcionando bien y que es lo que no. Es público y es de todos sabido que uno de los problemas más graves y que se repiten día a día es la deficiente ejecución de algunos operadores.
“Podemos establecer pendientes en los procesos de implementación, como temas que no se realizaron correctamente, por ejemplo, la capacitación de policías. Creemos que hay deficiencias en la operación de agentes del Ministerio Público, de la actividad de la fiscalía”, dijo.
Destacó que la incidencia delictiva no debería analizarse desde la perspectiva de la implementación del nuevo sistema, porque éste ha funcionado en otros países.
“Quizá la creciente incidencia delictiva debe analizarse desde perspectivas de política criminal, de crecimiento económico, de la capacidad adquisitiva de las personas. No se debe responsabilizar a la implementación de un sistema acusatorio que está probado y que sabemos que ha funcionado en muchos países”, aclaró.
El nuevo sistema exige que la sociedad entienda que no puede existir una prisión automática y que las controversias pueden solucionarse con alternativas distintas a la pena de cárcel, aclararon los especialistas.
Layda Negrete, investigadora en temas de seguridad y justicia, explicó que los mexicanos nos acostumbramos a que la prisión era automática al momento de la acusación, lo que implicaba una violación a los estándares internacionales.
“Esto fue muy nocivo porque atenta contra la presunción de inocencia y aún en delitos graves, en todo el mundo se permite seguir el proceso en libertad, lo que significa que esto era una violación a los estándares internacionales. Lo que es más grave es que las autoridades empezaron a usar prisión preventiva para cualquier tipo de delitos y se volvieron muy flojos en la parte de investigación criminal y de fortalecimiento de policías”, dijo la también productora del documental Presunto Culpable.
Gabriela Ortiz Quintero, consultora especialista, señaló que para lograr que la sociedad asimile la aplicación de medidas alternativas de solución de controversias se tiene que promover la justicia restaurativa desde la educación temprana.
“Se tiene que empezar a generar una cultura de construcción de la paz que tiene que ver con la educación desde la infancia. La justicia restaurativa que enseñe que así como construye conflictos, así puede resolverlos, esto tiene que ser desde la educación temprana”, dijo.
