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Diputados, senadores y partidos políticos celebraron la detención del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, pero demandaron una investigación eficaz para que el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el que se le investiga no quede en la impunidad.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía (PAN), señaló como importante que la captura del ex gobernador se haya dado ante el reclamo social que pide no sólo el combate a la corrupción, sino también a la impunidad.
Aseguró que estas detenciones, como la del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, o la del ex mandatario de Tamaulipas, Tomás Yarrington, dejan en claro que la alternancia en los gobiernos estatales es un elemento favorable para que la impunidad no se dé. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri (PRD), coincidió con la panista en que sólo cuando hay alternancia en los estados es como se captura a un ex gobernador priísta acusado de desvío de recursos y actividades ilícitas.
El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, señaló que el arresto es un asunto de orden jurídico penal que tiene que proceder.
“Roberto Borge, como tendría que ocurrir con cualquier ciudadano en ejercicio de sus derechos, comparecerá ante el juez y será investigado a profundidad. En su momento se les fincarán las responsabilidades”, apuntó.
El senador Roberto Gil (PAN) celebró la detención del ex mandatario, pero pidió que se lleve a las autoridades penales para conocer la red de corrupción que lo protegió.
Luis Sánchez (PRD) afirmó que la detención del político priísta obedeció a una estrategia del PRI que pensó que le daría buenos resultados en las elecciones.
“Es obvio que lo hicieron para tratar de llamar la atención hacia ello y desviarla de los conflictos luego de los cimicios”, declaró.
Miguel Barbosa, vicecoordinador político del PT, también se congratuló con que el ex gobernador esté detenido, pero dijo que ahora se va a corroborar si la detención de Borge es la que tiene que dar cuenta de los desfalcos en el estado o hay más implicados.
