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El Ministerio Público de Panamá confirmó que está a la espera de que Roberto Borge Angulo, el ex gobernador de Quintana Roo capturado en el aeropuerto internacional de la capital panameña, sea entregado por la Policía Nacional y el Servicio de Migración a las órdenes de una audiencia preliminar y luego de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para iniciar el trámite de su extradición a México.
Borge Angulo fue sometido a un proceso rutinario de control de su estado de salud en la Medicatura Forense y luego conducido a la sede de la Policía Internacional (Interpol), en la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional de Panamá, informaron fuentes oficiales.
El político, a quien en diciembre de 2016 le fueron suspendidos sus derechos como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) permaneció en el aeropuerto bajo vigilancia de oficiales migratorios y policiales desde el domingo, tras su captura, informó a EL UNIVERSAL una fuente de la policía local.
Ayer fue llevado a las diversas gestiones, para pernoctar en celdas transitorias en esta ciudad.
“Todavía está a la orden de Migración. No ha sido puesto a la orden del Poder Judicial”.
Borge quedará a la plena disposición de las autoridades judiciales y primero deberá comparecer en una “audiencia de control”, todavía sin fecha, para ser notificado sobre las razones por las que fue detenido. Después estará sujeto al Sistema Penal Acusatorio, para comparecer, en una fecha también por definir, ante la Sala Penal de la Corte que dará continuidad al proceso de extradición a México, explicó la fuente.
El panameño Manuel Bonome, subdirector de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, dijo que Borge “será puesto a disposición de las autoridades del país en [proceso de] extradición” a México. Pero eludió suministrar los detalles de los motivos para la detención del ex gobernador.
La solicitud de México de arresto provisional con fines de extradición de Borge Angulo, de 37 años, fue presentada por los canales diplomáticos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que la giró a los respectivos órganos policiales panameños y a sus contrapartes locales de Interpol, que el domingo reveló la alerta roja con una búsqueda en más de 190 países.
