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La actriz mexicana Kate del Castillo se personó en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una queja formal por “pisoteo a los derechos humanos” que según dijo sufrió por parte del gobierno de México.
Del Castillo denunció el “linchamiento (…) del gobierno en general” tras la filtración de que estaba siendo investigada por lavado de dinero y, más tarde, por obstrucción de la justicia al revelarse que se había visto con el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, mientras era prófugo de la justicia.
Todos los cargos fueron desestimados por la PGR este mismo año, y la propia actriz se encargó de anunciar que el caso “está cerrado”.
Sin embargo, Del Castillo quiso presentar la queja ante la autoridad interamericana “por el escarnio público” al que dijo haber sido sometida, y que la habría afectado “muchísimo” en el terreno profesional con la cancelación de varios contratos en el último año y medio.
Para la actriz de la Reina del Sur, la culpa es de la filtración de “información errónea por parte del gobierno”, y a falta de respuestas en México y dada la “impunidad” en el país, se vio obligada a recurrir a “instancias internacionales para que se nos haga caso”.
Tras el paso por las oficinas de la CIDH, donde entregaron dos cajas llenas de pruebas para defender su denuncia, Del Castillo dijo estar “muy contenta” con un paso que “cierra un año y medio muy duro”.
Esto que está sucediendo conmigo, este último amparo, esto que dijeron los jueces ya no es nada más por mí, no quisiera yo que esto le pasara a nadie. El gobierno mexicano no tiene el derecho de pasar por encima de los derechos humanos de nadie”, declaró a las puertas de la CIDH. “Ahora me toca restablecer mi nombre”, sentenció Del Castillo.
La protagonista de Ingobernable en todo momento estuvo acompañada de dos de sus abogados, quienes defendieron la necesidad de que la CIDH encuentre el mecanismo para aplicar “medidas reparatorias” tras el “linchamiento” que el gobierno mexicano realizó contra la actriz.
“Hoy inicia un proceso, y este proceso es en contra del gobierno mexicano que quede muy claro”, explicó el letrado Federico Mery Sanson.“El estado mexicano ha violado constantemente los derechos de Kate desde que fue a ver al Chapo Guzmán”, argumentó.
Justificó que que al no obtener la resolución deseada en México se vieron obligados a restablecer “un criterio en derechos humanos” en el organismo con sede en Washington.
A pesar de que la fiscalía mexicana retiró los cargos por los que la acusaba, la actriz expresó su temor por regresar al país, miedo compartido por sus abogados. “No me siento segura, todavía me siento en riesgo”, confesó.
