Los casos de ex gobernadores detenidos en el extranjero no se traducen en un avance considerable en materia de impartición de justicia a los funcionarios que hayan cometido delitos de corrupción como lavado de dinero y delincuencia organizada. De cara a las elecciones presidenciales de 2018, la detención de tres ex gobernadores en el extranjero puede fungir como un arma de dos filos, aunque México se encuentra lejos de llevar a juicio, como ha sucedido en otros países, a un Presidente de la República.
La Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta tres litigios internacionales en los que deberá comprobar por qué los ex gobernadores acusados de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada deben ser entregados a la justicia mexicana.
En los procesos de los ex gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas el gobierno mexicano ha puesto a prueba los conocimientos de sus funcionarios sobre tratados internacionales suscritos en materia de extradición.
Estos instrumentos jurídicos son firmados por los países a modo de homologación de procesos legales para evitar contratiempos técnicos como la falta de conocimiento de las leyes y sistemas jurídicos de otros países.
Se les puede entender como un terreno jurídico neutral de colaboración internacional, por lo que se entiende que las autoridades mexicanas tienen pleno conocimiento del contenido de los tratados y de lo que deben hacer para conseguir que los ex gobernadores sean enviados al país.
Al tratarse de justicia internacional, cualquier irregularidad o error involuntario que derive en el incumplimiento del convenio de extradición pone en riesgo la posibilidad de que los ex mandatarios priístas sean entregados a México para sujetarlos a proceso. Incluso, pueden ser liberados sin que ello implique que en un futuro se les pueda aprehender nuevamente.
Alberto Nava, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, explica que el principal objetivo de los convenios internacionales en materia de extradición es evitar la impunidad. “Los tratados rigen el procedimiento, las formas y, sobre todo, los tiempos en que esto se debe de llevar”.
“La excepción es cuando se trata de personas perseguidas por sus ideas políticas, lo que se trata de defender es la legalidad del procedimiento, lo que se persigue son delitos cometidos y delincuentes, lo que se trata de procurar es que no haya impunidad”.
Para Víctor Alarcón, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los procesos de los ex gobernadores no son el elemento contundente que permita vislumbrar, en un futuro, llevar a juicio al cargo más alto del gobierno de México. “No lo veo en este momento, no creo que México esté listo, en todo caso, cierto es que hay algunos elementos que están pero no son convincentes, no son elementos que a la propia sociedad civil le diga que está ofreciendo resultados significativos en esta materia”, dice.
Alberto Aziz Nassif, articulista de EL UNIVERSAL, señala que la manera en que se dieron los casos de estos gobernadores, exceptuando el de Yarrington, no brindan confianza a la ciudadanía sobre el trabajo que realizan las autoridades de regulación en materia de función pública. “Les dieron tiempo. El gobierno actúa donde no había mucho margen, llega contra la pared a actuar. Es hasta que terminan su mandato, les avisan, se fugan y entonces sí se procede, por eso no creo que haya recursos suficientes para decir ‘hay un avance’”, apunta.
Estas capturas tampoco representan progreso en el Sistema Nacional Anticorrupción, a decir de los académicos, se necesita una política general en esta materia y encontrar a los ex funcionarios en el extranjero, con ayuda de organismos internacionales como la Interpol, los hace ver como “actos aislados” a la legislación mexicana.
“No estoy seguro que represente un avance, pero de alguna manera lo que vemos en otros países es que se está penalizando y combatiendo la corrupción como una política general, se están llevando a tribunales y aquí no, aquí no pasa, hay una suerte como de que estos gobernadores salieron de su cargo, cayeron en desgracia y luego los capturaron”, anota Alberto Aziz.
“No es que sea persé el avance por sí mismo, en todo caso, refleja que se debe mantener un nivel de atención a estos crímenes de Estado que dañan al erario público y dañan a la conducción gubernamental, yo no le estaría extendiendo un cheque en blanco al gobierno de [Enrique] Peña Nieto para decir que está haciendo bien su chamba, puesto que es lo mínimo que le quedaba por hacer”, dice Alarcón.
Renovación cuestionada
Por los tres ex mandatarios priístas la PGR solicitó a Interpol México la emisión de fichas rojas para ser buscados en más de 190 países, alertas que, según han informado las autoridades mexicanas, sirvieron para localizarlos y detenerlos.
Según las investigaciones, los tres supuestamente desviaron recursos públicos, realizaron contrataciones irregulares y establecieron redes de corrupción con funcionarios pertenecientes a sus gabinetes gubernamentales.
A nivel internacional, el politólogo Hugo García Marín, lo calificó como un escándalo por el grado de corrupción que mostraron sus conductas y por su cercanía con el Presidente de México. La carrera política de los tres ex gobernadores inició y floreció en las filas del PRI, para el también académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estos casos reflejan un fracaso en la renovación del partido anunciada en 2012.
“Que estemos ahora, cinco años después, en estas circunstancias, habla de una caída estrepitosa de este intento de renovación y no solamente del partido, en el caso de Enrique Peña Nieto cuando anunciaba al nuevo PRI, sino del régimen en su conjunto”, afirmó. Los procesos, indicó García Marín, crean incertidumbre porque aún no queda claro cómo serán extraditados, qué va a pasar con los ex funcionarios.
El académico de la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Rivera, consideró que, de cara a las elecciones presidenciales de 2018, la detención de los tres ex funcionarios en el extranjero puede fungir como un arma de dos filos.
“Se puede ver en el sentido del gobierno que actúa en contra de quien sea, se habla de la cercanía de estas personas con el Presidente Enrique Peña Nieto y a pesar de eso se logró su captura; eso puede hablar bien del gobierno en el sentido de que se está atacando la corrupción y se trata de erradicar cualquier crimen derivado de ella a cualquier nivel”, explicó.
“También, los opositores pueden buscar que una vez que termine su mandato se puedan fincar responsabilidades al Presidente de ser necesario y por eso es un arma de dos filos para el sistema político mexicano, para el PRI y para el gobierno actual”.
Borge y su mamá
El proceso más reciente es el del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien fue detenido el pasado 4 de junio en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, justo cuando se disponía a abordar un vuelo comercial con destino a París, Francia. Compareció por primera vez ante una autoridad panameña para escuchar las acusaciones en su contra y manifestó su inconformidad con la extradición.
Su detención fue ejecutada en cumplimiento a la orden emitida el 31 de mayo pasado por un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en el Estado de México.
Aunque su abogado, Carlos Carrillo, alegó anomalías en la detención, el Tribunal Colegiado de Apelaciones de Panamá declaró legal la aprehensión, por lo que Borge deberá enfrentar el proceso de extradición conforme a los tiempos y reglas establecidas en el convenio firmado entre México y ese país.
La orden de aprehensión emitida contra Borge es por el supuesto lavado de dinero que realizó en la adquisición con prestanombres de terrenos en Quintana Roo a precios mucho más bajos de los reales.
Conforme al convenio de extradición, el gobierno de México cuenta con 60 días para solicitar formalmente la entrega del priísta al país.
Alberto Nava explicó que el proceso de entrega tardará entre seis meses y un año debido a los recursos legales que prevé la legislación internacional en materia de derechos humanos y a que procedimientos como este requieren de especial cuidado en el cumplimiento de todas las reglas pactadas en los convenios.
Hasta ahora, sólo la madre de Roberto Borge ha promovido juicio de amparo contra el aseguramiento de propiedades que decretó en su contra la PGR.
Duarte y su negativa a la extradición
En el caso del ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el proceso también ha iniciado formalmente. Hasta ahora no ha manifestado ningún allanamiento a su entrega en proceso simplificado a México.
La PGR presentó el miércoles 7 de junio la solicitud formal de extradición a través de la Cancillería al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país en el que se encuentra el priísta. Esa dependencia remitirá al Tribunal Quinto de Sentencia Penal los documentos para que Duarte de Ochoa sea notificado por escrito de la petición de las autoridades mexicanas.
La defensa de Javier Duarte en Guatemala puede presentar apelaciones y juicios de amparo que pueden provocar que el proceso se concrete entre seis meses y un año. O bien, el ex mandatario puede allanarse a la petición para simplificar el proceso de entrega.
Javier Duarte de Ochoa fue aprehendido en Guatemala luego de 185 días de permanecer prófugo de la justicia por su probable responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Yarrington y su regreso a Estados Unidos
El ex titular del Ejecutivo de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido a principios de abril en Florencia, Italia; será entregado en extradición a Estados Unidos, donde también se le acusa por narcotráfico.
La Procuraduría General de la República acordó la entrega porque Estados Unidos solicitó primero la extradición del ex gobernador ante las autoridades italianas.
En aquel país será juzgado y, antes de empezar a cumplir su condena, será enviado a México para que también enfrente a la justicia mexicana.
En la Unión Americana, los cargos que enfrenta son importación y distribución de droga, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, delitos supuestamente cometidos entre 1998 y 2013 en Texas y por los que puede ser condenado a cadena perpetua.
En México, la pena máxima que le espera es de 20 años por delitos contra la salud, cometidos entre 1998 y 2005 en Tamaulipas.
