Desde la implementación completa en todo el país del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) han aumentado a nivel nacional siete delitos, denunció la asociación civil Alto al Secuestro , liderada por Isabel Miranda de Wallace .
La organización señala que de junio de 2016 a mayo de 2017 se incrementaron las cifras de incidencia delictiv a en h omicidio doloso, secuestro, lesiones dolosas, extorsión, robo con violencia, delitos sexuales y violació n.
"Ahí está la prueba que el Sistema está causando mayor incidencia", señaló Miranda de Wallace.
La presidenta de Alto al Secuestro destacó que en Aguascalientes, Baja California Sur, Tabasco y Veracruz se incrementaron estos siete delitos; en 27 entidades se incrementó el homicidio doloso; 19 estados mostraron aumento en lesiones dolosas; en 18 aumentó la extorsión; 21 estados creció el robo con violencia; en 18 entidades se registró aumento en delitos sexuales y en 18 hubo más denuncias por violación.
Isabel Miranda atribuyó este incremento a la deficiente implementación del SJPA, que permite la libertad de los imputados.
Señaló que a un año de la entrada en vigor del nuevo Modelo no hay controles o bases de datos que permitan llevar un registro de reincidentes y no existe una garantía para evitar que los delincuentes que quedan libres vuelvan a cometer un delito.
"No hay una política criminal asociada al nuevo sistema", comentó la presidenta.
Además, comentó que los jueces están actuando más a favor de los imputados; los ministerios públicos no se dan tiempo de estudiar los casos porque tienen una gran carga de trabajo, y los juzgadores se muestran temerosos al dictar prisión preventiva .
"A muchos jueces les está temblando la mano para poder dictar prisión preventiva; el juez se convierte en abogado defensor del procesado, los jueces interpretan lo más favorable para el procesado, no para la víctima, es ahí donde la víctima está en desventaja", señaló Isabel.
En conferencia de prensa solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se realice una investigación sobre los recursos destinados a la capacitación de operadores del nuevo sistema.
"Lo que solicitamos formalmente es a la Auditoría Superior de la Federación , hacemos un llamado para que se audite en qué se gastaron estos recursos supuestamente de capacitación, a quiénes se les dieron y si realmente llevaron a cabo esta capacitación o solo se simuló en contratos que hubo capacitación, porque nos resistimos a creer que se gastó tanto dinero en capacitación y no están capacitados, ni los policías, ni los Ministerios Públicos y muchas veces ni los propios jueces”, advirtió.
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