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El gobierno español aprobó ayer el inicio del proceso de extradición a México de Javier Nava Soria, presunto testaferro del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.
Este primer paso del proceso permite que el gobierno español (poder ejecutivo) ceda a los tribunales (poder judicial) la potestad de decidir sobre el traslado a territorio extranjero de un individuo detenido en territorio nacional.
Nava fue arrestado el 19 de abril en Barcelona como sospechoso de delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales ilícitos de Duarte, quien a su vez permanece detenido en Guatemala.
El gobierno español, reunido en consejo de ministros, decidió ayer que “la solicitud de extradición de Nava presentada por México cumple con todos los requisitos y exigencias del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal firmado entre ambos Estados”.
Una vez aprobada la continuación del procedimiento de extradición, un juez deberá celebrar una vista en la que puede requerir que testifique Nava Soria para determinar por qué cree que en México no sería sometido a un juicio justo. El juez luego tomará una decisión que podrá ser recurrida. En caso de serlo, el pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional española dictará sobre ese recurso una resolución definitiva. Si los jueces aprueban la extradición de Nava, ésta tendrá que ser ratificada por un consejo de ministros.