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Nochixtlán
El Comité de Víctimas de Nochixtlán interpondrá una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir a esa dependencia que lleve el caso de acuerdo con el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, lo que implicaría que la investigación se base principalmente en los testimonios de las víctimas y que se califiquen los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 como delito de lesa humanidad.
“Esperemos que esta vez el escenario sea diferente y que la procuración de justicia de las víctimas no se relegue a daños secundarios, que se investigue el crimen de lesa humanidad cometido en contra de la población de Asunción Nochixtlán, con operadores de la fiscalía o de la procuraduría que cuenten con antecedentes de investigación de crímenes de lesa humanidad y empiece la reparación del daño”, señala el texto de la denuncia.
“Propone que frente al Nuevo Sistema Penal Acusatorio la procuraduría investigue de acuerdo con los nuevos estándares internacionales y nacionales y mecanismos de investigación innovadores y acordes al nuevo sistema. Resalta la pretención de las víctimas a que se investigue la lesa humanidad partiendo del principio de que no fue un acto arbitrario ni fortuito, sino generalizado y sistemático”, explicó Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
La denuncia se interpondrá en los próximos días en las oficinas de la PGR y contiene una relatoría con las versiones de 58 de las víctimas. Acusa que las fuerzas policiales utilizaron “armas propias de la guerra” y “dispararon a matar”, a pesar de que los peritajes de la PGR no han podido determinar la responsabilidad de los elementos federales y estatales.
“Las fuerzas policiales utilizaron armas de fuego propias de la guerra [...] reprimieron la protesta social de una de las comunidades más marginadas, en uno de los estados más pobres de México y causaron la muerte de miembros de esa comunidad. En la misma operación, dispararon e hirieron con intención de matar”, señala el texto.
El abogado de las víctimas, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, explicó durante el conversatorio sobre Crímenes de Lesa Humanidad, que se llevó a cabo en Asunción Nochixtlán, que se ha ido construyendo una “narrativa diferente” a la de la PGR, a la cual acusó de pretender “minimizar los hechos del 19 de junio de 2016” para señalar que fueron uno o dos policías los que podrían vincularse a una investigación penal.
Dijo que una de las complicaciones del caso es que justo el día del operativo entró en operación el nuevo sistema y “ningún funcionario en México está preparado para entender y asumir la enormidad de los eventos de ese día dentro de ese marco”.
El comité señala su confianza en el nuevo sistema, al destacar que este implica eliminar procesos “perversos” e incorporar información relevante para la toma de decisiones, así como los puntos de vista de las víctimas y transparentar la toma de decisiones que hace la autoridad sobre un caso.
Otra de las complicaciones a las que se ha enfrentado el comité es que la legislación local no considera la existencia de crímenes de lesa humanidad.
“La segunda complicación fue despolitizar el asunto para no darle oportunidad a la PGR de archivar el expediente, sobre todo porque en México, por razones políticas perversas, hay una omisión con relación a los crímenes de lesa humanidad, pues no están legislados, a pesar de que el Estado tiene la obligación de hacerlo”, explicó.
En el relato de los hechos, las víctimas del desalojo carretero reclaman que el gobierno federal ha puesto en práctica lo que ellos consideran que es una “pena de muerte” al argumentar que el asesinato de manifestantes se da en enfrentamientos con autoridades.
En el texto, basado en la relatoría de Lucía Gutiérrez Nicolás, el Comité de Víctimas compara los hechos ocurridos en Nochixtlán con la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y menciona que las víctimas no aceptarán otra línea de investigación que no sea la de crimen de lesa humanidad. En caso de que no se tome esa línea de investigación, se demanda la intervención de instancias internacionales.
“No hay justificación en nuestro Estado de derecho para usar la fuerza bruta, que implica dañar a toda una comunidad, ninguna víctima de las que represento acepta o aceptará justificaciones provisionales, parciales, ninguna víctima acepta una investigación que no tenga como teoría del caso un crimen de lesa humanidad”, señala el documento presentado en el primer aniversario del operativo.
De acuerdo con las versiones de la PGR recabadas por EL UNIVERSAL, a un año de los hechos no existen indicios que la Policía Federal haya realizado disparos con arma de fuego contra civiles ni para confirmar que algún elemento de la División de Gendarmería haya utilizado arma de fuego.
Se argumenta que, de acuerdo con la información de ubicación satelital de los teléfonos de los gendarmes, al momento de los disparos éstos aún no se encontraban en el sitio.
La PGR no investiga a elementos de la Policía Estatal y de la Policía Federal en las seis carpetas de investigación por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, en los cuales resultaron lesionadas cerca de 200 personas y ocho civiles perdieron la vida.
Arturo Peimbert dijo en entrevista que es necesario revisar los videos y las evidencias gráficas que se tomaron durante el desalojo y señaló que la versión de la PGR se encuentra ante un problema de falta de credibilidad, puesto que el gobierno federal desde el principio afirmó que no había policías armados durante el desalojo carretero.
“A mí me parece que es necesario revisar bien la evidencia videográfica que existe, porque va a arrojar mucha información. Ha perdido confiabilidad la información que han brindado estas instituciones. El primer día de la agresión salieron el gobernador y el comisionado de seguridad pública a decir que los policías no estaban armados. Después, la información gráfica demostró lo contrario.
“Si era un operativo conjunto no pueden separar la responsabilidad de las corporaciones. Fue la responsabilidad del Estado en un operativo conjunto que fue solicitado por el gobernador Cabino Cué . Hay una responsabilidad por omisión”, mencionó.
