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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
La Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una enérgica defensa de la libertad de expresión, condenará las agresiones y asesinatos de periodistas, y demandará mecanismos de protección para los comunicadores en la región.
En un proyecto de resolución acordado el 12 de junio por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, que será presentado ante su Consejo Permanente, se plantea condenar los asesinatos, las agresiones y otros actos de violencia contra periodistas.
Lo anterior, “en virtud de que no sólo atentan contra la vida, la integridad y la libertad de expresión de las víctimas, sino también contra el derecho de toda persona a recibir información de interés público”.
El proyecto de resolución plantea reafirmar que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o sicológicas u hostigamiento, e instar a los Estados a implementar medidas de prevención, protección, investigación y sanción a los responsables. Además, a poner en operación estrategias para acabar con la impunidad de esos crímenes, compartiendo buenas prácticas, como la creación de fiscalías especializadas independientes.
En el proyecto se detalla la formación continua de los operadores judiciales en libertad de expresión y seguridad de periodistas.
“Reafirmar que todo periodista tiene el derecho a recibir, buscar e impartir información sin discriminación, por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, se indica en el texto.
Propone recomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su Relatoría Especial que continúe prestando atención a las actividades referentes a la seguridad y a la lucha contra la impunidad de estos crímenes. “Incluyendo la realización de talleres, encuentros con la academia, así como la preparación de estudios e informes sobre la temática”, señala.
El texto propone dar el respaldo de los países miembros al trabajo que realizan los defensores de derechos humanos.
Así como reconocer la labor de personas, colectivos y comunidades que de forma no violenta se manifiestan, expresan su opinión, denuncian públicamente abusos y violaciones de derechos humanos, educan sobre las garantías, buscan justicia, verdad, reparación y no repetición frente a las violaciones contra los comunicadores.
