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Ante la ola de agresiones contra periodistas y ataques a los medios de comunicación, la principal herramienta para combatir esta situación es impulsar el vínculo entre el gremio y las autoridades para implementar acciones que disminuyan los riesgos, señaló Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en entrevista con EL UNIVERSAL.
El fiscal fue designado el pasado 10 de mayo y tres días después le informaron que un grupo de periodistas nacionales y extranjeros fueron retenidos por presuntos narcotraficantes en las inmediaciones del municipio de Acapetlahuaya, Guerrero.
Los informadores fueron despojados de todas sus pertenencias, incluido su equipo de trabajo, como cámaras, grabadoras y videocámaras.
El pasado lunes, una nueva agresión afectó a todo el gremio: el asesinato del periodista Javier Valdez, cofundador de RíoDoce y colaborador de La Jornada, fue ultimado a balazos en Sinaloa.
Sánchez Pérez del Pozo reconoce que los protocolos de investigación, actuación y atención de la fiscalía no previenen la comisión de agravios contra periodistas, pero asegura que autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan para llevar a cabo políticas que erradiquen esta problemática.
Llevamos seis periodistas asesinados, uno secuestrado y otros asaltados en Guerrero en menos de una semana, ¿qué está fallando en los protocolos que deja sin protección a los comunicadores?
—Los protocolos de investigación, actuación y atención, son instrumentos jurídicos que fortalecen el actuar de la autoridad ministerial federal encargada de investigar los delitos que se cometan en contra del derecho a la libertad de expresión, con la perspectiva y visión de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, no previenen la comisión de los delitos. Constituyen una herramienta para el investigador. Para incidir en la protección de los comunicadores se deben llevar a cabo políticas públicas y campañas para prevenir y salvaguardar, así como para disminuir los riesgos.
Preocupa la prevención, pero también la impunidad. Estadísticas señalan que existe hasta 90% de impunidad, ¿cómo se pueden resolver los casos pendientes?
—Como se anunció, parte de la estrategia a seguir en esta etapa de FEADLE abarca dos aspectos, primero revisar cada una de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, para verificar el estado jurídico procesal, las diligencias practicadas y las que hacen falta para resolver cada caso. En este sentido, se debe impulsar vínculos con el gremio de periodistas, a fin de intensificar la colaboración con el Ministerio Público por parte de quienes sufrieron la agresión para que se tenga mayor conexión con el encargado de la investigación. Y segundo, impulsar la capacitación del personal sustantivo, para especializarle en la resolución de casos de agresiones en contra de periodistas conforme al delito de que se trate (homicidio, amenazas, lesiones, abuso de autoridad, etcétera), puesto que cada asunto presenta una tipología diferente. El procedimiento penal es muy dinámico, por ello, se profundizará la capacitación al personal sustantivo en el sistema de justicia adversarial, para que esté a la altura del reto que representa, los alcances de sus diligencias y con ello obtener casos de éxito.
¿Puede la fiscalía requerir a los medios que revelen las fuentes de los periodistas víctimas?
—La revelación de fuentes de información no debe chocar con el propósito de la investigación ministerial. Se trata de que tanto los medios como la autoridad llevemos un mismo propósito, que es el de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia. Así como los medios de comunicación privilegian la secrecía del origen de su fuente de información, también la PGR [con soporte legal] privilegia la secrecía de la información que cualquier persona proporciona al Ministerio Público, de ahí que existe coincidencia en mantener en reserva la información con que se cuenta.
Es de vital importancia, para lograr el éxito de la investigación y que ésta sea efectiva, la colaboración entre los medios de comunicación y la autoridad ministerial, salvaguardando el ejercicio profesional y garantizando así la libertad de expresión.
¿Se trabaja de forma especial en las entidades con mayor incidencia [como Veracruz]?
—La estrategia diseñada contempla impulsar mayor coordinación con las entidades federativas, tal y como se estableció como parte de los compromisos acordados por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Por ello, se debe asumir que, de facto, los hechos también son competencia de las autoridades del fuero común. Es a partir de la investigación del hecho delictivo que se habrá de analizar si surge o no la federalidad al acreditarse la afectación al derecho de ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido, como así se acordó, federación y entidades asumen el compromiso de intensificar la coordinación para resolver los temas. La estrategia establece trabajar conjuntamente y diseñar acciones dependiendo la problemática específica de cada región.
¿Por qué la sociedad se resiste a denunciar y cómo invitarla a reportar este tipo de hechos?
—La sociedad muestra resistencia a denunciar, puesto que ha venido perdiendo confianza en las instituciones. Esta estrategia va enfocada a recuperar esa confianza, a partir de impulsar un trabajo coordinado con las organizaciones de la sociedad civil, las ONG y, particularmente, el gremio periodístico. Se busca fortalecer la confianza para el objetivo común de garantizar justicia.
