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La implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) ha desestabilizado el sistema de impartición de justicia: desde las actividades de los operadores hasta la medición de la eficacia del mismo. El cambio del sistema inquisitivo al acusatorio ha costado una transformación completa para la Procuraduría General de la República (PGR), que se ha enfrentado a la resistencia al cambio y a la utilización de nuevas tecnologías para homologar los procesos. Sergio Martínez Escamilla, de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, acepta que hoy en día hay una desestabilización del sistema por el cambio de averiguaciones previas a carpetas de investigación y que tomará al menos un año estabilizarlo, lo que debe ocurrir en junio de este año.
“Ahorita no hay una estabilidad del sistema, antes medíamos averiguaciones previas, ahorita lo que tenemos que medir son carpetas de investigación; es decir, no podemos medir peras con manzanas y tenemos que dejar que todo el sistema se estabilice. ¿Cuándo alcanzaríamos esto? sería en junio de este año, es cuando todos tendrían un año porque la última implementación que hicimos por etapas sería el 14 de junio del año pasado”, comentó Martínez Escamilla en entrevista con EL UNIVERSAL.
En junio de 2016 culminó la implementación del SJPA en las 32 entidades del país y desde que comenzó la operación en noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 63 mil 59 carpetas de investigación, de las cuales sólo han sido determinadas 34.46% (21 mil 728); el 65.54% restante (41 mil 331) se encuentra pendiente en determinación. Además de esta saturación de casos, la PGR enfrenta 74 mil 310 averiguaciones previas pendientes de atenderse de conformidad con el sistema anterior.
Martínez Escamilla menciona que “en los sistemas acusatorios no es posible investigar todos los delitos que se denuncien, todos los sistemas acusatorios pasan por eso, en ningún sistema acusatorio se puede investigar todos los delitos, tiene que haber un circuito de selección de casos” y en el caso de PGR se priorizan los delitos de alto impacto, como secuestro, trata de personas, desaparición forzada, robo de hidrocarburos. Destaca que en estos dos años de operación sólo 71 casos han culminado en juicio y fue porque ocurrieron con detención en flagrancia; de estos casos, la dependencia ganó 56 y perdió 15.
Se han conseguido mil 500 sentencias en procedimientos abreviados, que en el sistema anterior hubieran tardado cuatro años en poderse llegar a resolución, informó Martínez.
La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene un objetivo: la reparación del daño, antes que el encarcelamiento.
Explicó que el objetivo del anterior sistema buscaba que el culpable fuera a la cárcel y este nuevo modelo cambia el objetivo. “La prisión preventiva no es la constante, pero no quiere decir que se permita la impunidad”, enfatizó.
En esta transición la sociedad juega un papel importante porque para que el sistema funcione es necesario que se acepten las medidas alternativas de solución de controversias.
Martínez Escamilla aseguró que la dependencia ha trabajado para cumplir con el proceso que exige el nuevo sistema: el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Reconoce que el principal reto al que se ha enfrentado la PGR para la operatividad del SJPA es la resistencia al cambio de los todos los actores que participan en la impartición de justicia desde la labor de los policías como primer respondiente hasta la transformación del Ministerio Público a fiscal.
Durante su participación en el foro Consolidación de las Medidas y Programas de Protección a Personas que Intervienen en el Proceso Penal, Martínez Escamilla explicó que para la capacitación de los primeros respondientes se realizaron ejercicios de simulación del proceso de una detención y presentación ante el Ministerio Público “para enseñarle a los policías las reglas del juego”.
Dijo que otro de los retos fue involucrar en la capacitación a las Fuerzas Armadas, porque en varias zonas del país cumplen funciones de seguridad pública y, por lo tanto, de primer respondiente.
El diagnóstico institucional realizado por la PGR, titulado Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y plan de trabajo, entregado al Senado acepta que la consolidación del nuevo sistema tiene que enfrentar el reto de abatir prácticas y procesos basados en una cultura penal que tiene más de un siglo arraigada en la mayoría de los operadores jurídicos.
José Mario De la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, comentó que es importante que los litigantes dejen atrás el modelo inquisitivo y que las nuevas generaciones de abogados se concentren en mejorar las habilidades de argumentación: “Es un sistema que requiere de muchas herramientas, pero principalmente (...) generar abogados que puedan pararse ante un juez, argumentar, explicar, presentar un caso, no se trata de dictarle a una secretaria”.
El diagnóstico interno destaca que la dependencia realiza una escasa utilización de estos mecanismos, que ayudarían a solucionar conflictos de forma más rápida si ambas partes (ofendido y acusado) llegan a un acuerdo.
Martínez explica que gracias al nuevo sistema se ha logrado la suspensión condicional del proceso de cerca de mil 400 expedientes. Estas suspensiones se lograron porque a la persona imputada les pone ciertas condiciones para que su proceso termine.
“Los acuerdos reparatorios pueden resolver toda clase de asuntos mientras exista una situación de voluntariedad, que ambas partes deseen llegar a un arreglo, se busca que a la víctima se le repare el daño y se evite el proceso penal”, destacó Sergio Martínez.
