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Más de 55% de todos los productos y carga que se mueve en México se hace por transporte carretero, lo que convierte al sector del autotransporte en un eslabón esencial de la cadena productiva.
Atendiendo a esta realidad, a lo largo de los últimos años, las empresas del sector se han enfocado en mejorar sus procesos, incorporando nueva tecnología en el área logística, capacitando a los operadores y, en algunos casos, renovando periódicamente la flota con el objetivo de tener camiones más seguros y menos contaminantes. Hoy, sin embargo, el principal obstáculo para la competitividad del transporte de carga terrestre, se encuentra en la inseguridad.
Elaborado con información de las procuradurías generales de justicia de los estados, la Secretaría de Gobernación emite mensualmente un reporte denominado La incidencia Delictiva del Fuero Común, donde da cuenta de las denuncias presentadas a los ministerios públicos. En dicho reporte, se puede observar que bajo el rubro “Robo” registra un incremento de 20% durante los primeros tres meses de 2017 contra 2016 y lo que resulta más preocupante, un incremento de 60% en el “robo en carretera” en dicho periodo.
La información proveniente de los ministerios públicos contiene algunos datos insólitos tales como que, desde enero de 2016 a marzo de 2017, no hay robos en carreteras en 12 entidades de la República, de las cuales destacan Edomex, Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Sonora. Sea por subregistro, mala clasificación de la misma, o la existencia de procesos defectuosos que están entorpeciendo su envío, la información resulta sospechosa e inverosímil.
Lo preocupante es que las mismas procuradurías estatales, responsables de coordinar el envío de información por parte de los ministerios públicos, son las responsables de darle seguimiento a los delitos.
La falta de coordinación entre las autoridades está siendo explotada por las bandas de asaltantes, quienes la han aprovechado para hacer sus métodos criminales más sofisticados. En los asaltos llevados a cabo en fechas recientes, la mercancía y el camión son enviados a entidades federales distintas a la del origen del robo, lo cual contribuye a complicar las investigaciones y los procesos judiciales, puesto que para dar con los culpables se requiere de la coordinación de los ministerios públicos estatales, que en la mayoría de los casos no son ágiles en sus procesos.
Atacar esta problemática, por lo tanto, requiere de mayor coordinación entre las autoridades de las distintas entidades de la República, especialmente en aquellas demarcaciones que se encuentran en la Zona Metropolitana del Valle de México y el Bajío, regiones que concentran la gran mayoría de los crímenes de este tipo.
En este sentido, la colaboración entre la iniciativa privada a través de organismos empresariales y las autoridades locales en coordinación con autoridades federales es fundamental. La sociedad civil espera contar con información veraz y oportuna que permita definir estrategias para capturar y encarcelar de los responsables, pero también sirva para promover la adopción de estrategias de seguridad pública con enfoque preventivo.
Medidas preventivas como el uso de drones, cámaras de seguridad y el monitoreo de las rutas en tiempo real, ya han sido adoptadas por el sector privado, incluso se están haciendo esfuerzos importantes para implementar mecanismos de verificación de los antecedentes del personal y así, evitar que las empresas sean infiltradas por grupos delincuenciales.
Dichas estrategias, sin embargo, son inútiles en tanto no exista coordinación por parte de las autoridades que se traduzca en condenas para este tipo de criminales. El robo al autotransporte de carga es un crimen que tiene consecuencias sobre la competitividad de las empresas, y peor aún, afecta los precios de los productos que día a día circulan por las carreteras del país, lo que tiene un impacto directo sobre el bolsillo de las familias mexicanas.
Presidente de la Comisión de Transportede Concamin
@miguelhelizalde
