Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
La secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), y la Procuraduría General de la República (PGR), analizarán el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) y anunciaron que tomarán nota de las propuestas de ese organismo.
El gobierno federal reconoció la labor de la CNDH y de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar los esfuerzos institucionales encaminados a la erradicación de la problemática de fosas clandestinas y las desapariciones.
Destacó que la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito.
Esta ley permitirá la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, integrado por herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y el Registro Nacional Forense, para facilitar la localización e identificación de personas, y reglamentará lo relativo a la disposición de cadáveres y restos.
“El sistema también aseguraría la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición, con el fin de garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna dentro de las primeras 72 horas”.
También se crearía la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que coordinaría el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La CNB debe ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y entre sus funciones se encargaría de diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones, recibir denuncias o reportes sobre desaparición de personas, acceder a la información contenida en bases de datos y registros de todas las autoridades.
Además, deberá contar con una unidad de búsqueda y con fuerza de búsqueda (policías capacitados y certificados), un área de análisis de contexto y un área de detección y procesamiento de información para la realización de sus actividades.
Con la aprobación de la ley se consolidará Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que permitiría a los familiares dar seguimiento a su denuncia de desaparición.
Se trata de un registro con información actualizada, proporcionada por hospitales, centros de detención, estancias migratorias, cruces fronterizos y servicios médicos forenses, tanto federales como locales.
El comunicado también informa sobre la creación del Registro Nacional Forense, el cual “utilizaría los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas”.
También se compromete a definir dos tipos penales: el de desaparición forzada, cometido o instigado por servidores públicos; y el de desaparición por particulares.
“Ambos [tipos penales], permanentes e imprescriptibles, con una sanción de 50 a 100 años de prisión y de 40 a 90 años de prisión respectivamente, que evidencian el compromiso del Estado para castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y trasgreden el tejido social”.
