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El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó por unanimidad la destitución del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por beneficiar con sentencias a miembros del crimen organizado, con las que autorizó las liberaciones de Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán; las de integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, así como la de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.
El magistrado fue suspendido inicialmente en abril de 2016 por un año, decisión que intentó impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió en marzo pasado ratificar la medida. El CJF resolvió ayer otro procedimiento en su contra por ingresos injustificados, con lo que lo destituyó definitivamente.
El magistrado conoció del proceso de extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo y desde mayo de 2012 ha permanecido separado del cargo porque hasta ayer culminó la investigación iniciada en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento injustificado.
En 2008, Luna también fue suspendido durante tres meses por criticar a la juez que condenó a Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo, a quien determinó dejar libre al revocar la sentencia que lo declaraba culpable.
Los fallos por los que fue acusado de beneficiar a miembros del crimen organizado favorecieron también a Arturo Culebro Arredondo, operador del cártel de los Beltrán Leyva, y a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.
Otro de sus casos polémicos fue el amparo que le concedió al ex presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, contra el auto de formal prisión por el delito de genocidio.
En mayo de 2016, el Consejo de la Judicatura Federal lo sancionó con 12 meses sin goce de sueldo después de que lo separó del cargo durante cuatro años, al considerarlo responsable de dictar tres fallos contrarios a derecho, entre ellos el de El Chapito.
Las actuaciones del magistrado en favor de integrantes del narcotráfico tuvieron registro en el consejo desde abril de 2008 y llegaron para su sanción en septiembre de 2014, cuando se inició el procedimiento disciplinario 34/2014 en su contra.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual confirmó la suspensión del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano durante un año.
