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México tiene 60 días hábiles o naturales, a partir del próximo lunes y hasta el 7 de julio próximo, para presentar a Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte de Ochoa, en un plazo que empezó a medirse ayer en la tarde, luego de que la cancillería guatemalteca entregó una notificación oficial a la embajada mexicana, en esta capital, sobre el proceso del ex fugitivo político detenido hace una semana en el suroccidente de este país, tras seis meses en fuga.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó a EL UNIVERSAL que con un trámite interno de 60 minutos, la documentación fue entregada a las 15:40 horas locales de ayer (16:40 en el centro de México) a la embajada. Un factor que aligeró el mecanismo es que las sedes de la cancillería y de la delegación diplomática están separadas por alrededor de 450 metros, en la Segunda Avenida de esta ciudad.
Un mensajero de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala depositó la papelería a las 14:40 horas de ayer en la oficina de recepción de documentos de la cancillería. Por orden del canciller guatemalteco, Carlos Morales, con celeridad se le dio continuidad al proceso para que el expediente fuera remitido ayer a la embajada por parte de un emisario propio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio.
En la nota diplomática con la explicación de los documentos, firmada por la abogada guatemalteca Regina Martínez de Palencia, directora general, la dirección informó a la embajada que “se permite trasladar” una copia de la resolución emanada el 19 de abril del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a cargo del caso.
En su “parte conducente”, el tribunal dispuso que por medio de la cancillería “se le haga saber” a la embajada “que su gobierno cuenta con 60 días naturales para que presente la solicitud formal” para extraditar a Javier Duarte con la “documentación que corresponde”.
Le recordó que Duarte de Ochoa “fue aprehendido” el 15 de abril pasado y “haciéndole saber que de no hacerlo dentro del plazo señalado se revocarán las medidas de coerción del reclamado”.
