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Los 10 gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) urgieron al Congreso de la Unión a discutir, debatir y eventualmente aprobar la Ley de Seguridad Interior y dar a las Fuerzas Armadas un marco normativo a su participación en labores de seguridad pública en el país.
Aceptaron que en estos momentos no se puede prescindir de la ayuda castrense, pero advirtieron que es “impensable” continuar bajo las condiciones actuales, por lo que cada militar debe ser sustituido en el corto plazo por un policía confiable, honesto y profesional.
“Ante la indefinición en la que se encuentra la Ley de Seguridad Interior, los gobernadores consideramos que las iniciativas presentadas atienden asuntos de vital importancia para todas las entidades federativas, principalmente la regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad”, establecieron en un pronunciamiento público.
Agregaron que desde hace algunos años, los grupos del crimen organizado en el país se han transformado y las instituciones de seguridad pública no solamente tienen la tarea de combatir el narcotráfico, sino también de enfrentar una red criminal diversificada.
Los mandatarios panistas pusieron énfasis en que es en este contexto que la intervención de las Fuerzas Armadas se volvió importante para estabilizar ciertas regiones del país donde las instituciones se vieron rebasadas por la criminalidad.
“Para que la paz vuelva a todos los estados de la República se requiere dar los pasos necesarios y el fortalecimiento policial. La participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de los órdenes de gobierno locales es un instrumento que permite fortalecer las capacidades institucionales civiles. Sin embargo, esta intervención se ha desarrollado sin la certeza de un marco legal”, señalaron.
La ley debe contener los supuestos para una intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; priorizar los derechos humanos; evitar en todo momento incurrir en un estado de excepción que limite garantías; establecer que el despliegue militar sea proporcional al tamaño del riesgo o amenaza; asegurar que se tengan controles y contrapesos institucionales; garantizar que las técnicas de investigación se ajusten al marco constitucional, principalmente.
“Hoy por hoy no podemos prescindir de la ayuda que brindan los militares desplegados en el territorio nacional, pero también es impensable continuar bajo las condiciones actuales”, establecieron.
El documento lo firman los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. No firmó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
