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La red de corrupción encabezada por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, e investigada por la PGR, involucró a nueve personas, de las cuales, sólo tres han sido detenidas, incluyendo al ex mandatario.
A nivel federal y estatal se han cumplimentado diversas órdenes de aprehensión y se ha vinculado a proceso a ex funcionarios, empresarios y cómplices del ex gobernador.
Esto, porque uno de los imputados se ha aproximado a la PGR en búsqueda de un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, con el cual la autoridad y el imputado pueden encontrar soluciones para resolver el caso.
La PGR ha capturado a 10 personas vinculadas con las empresas fantasma que recibieron contratos millonarios de la administración de Duarte. El 10 de octubre de 2016, antes de la liberación de la orden de aprehensión contra el ex mandatario y ocho de sus cómplices, la PGR detuvo a Victorino Benítez, administrador único de la compañía Bienart SA de CV, presunta empresa fantasma que recibió más de 18 millones en diciembre de 2013, a través de contratos proporcionados por Sedesol de Veracruz. Benítez fue aprehendido por haber rendido datos falsos al Registro Federal de Contribuyentes.
Ese día, la dependencia informó sobre la vinculación a proceso contra los representantes legales de siete empresas relacionadas con el mismo delito. La PGR informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició 32 indagatorias en contra de 15 empresas que incurrieron en diversos delitos de carácter fiscal.
Al día siguiente, se giraron órdenes contra Duarte y su red cercana, que involucraba a las hermanas Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, únicas detenidas junto con el gobernador. Las hermanas, supuestas empresarias, fueron procesadas por su posible responsabilidad en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Fuentes federales, incluyeron en la lista a Moisés Mansur, empresario señalado por ser presuntamente prestanombres de Duarte, investigado por autoridades de México y España, quien cuenta con un patrimonio de 7.2 millones de dólares y tres viviendas de más de 400 metros cuadrados; José Juan Janeiro, presunto prestanombres y quien donó el Rancho Las Mesas (asegurado por la PGR) al gobierno de Veracruz. La PGR también anunció la detención del director de catastro, Domingo Yorio, quien enfrenta proceso por presuntamente filtrar y ocultar información relacionada con Duarte.
Respecto a las detenciones y procesos realizados en el fuero común, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, destacó que funcionarios que formaron parte del gabinete de Duarte han sido detenidos y enfrentan procesos penales. La PGR descartó que familiares cercanos al ex gobernador tengan órdenes de aprehensión; sin embargo, varios miembros de la familia de su esposa, Karime Macías Tubilla, han sido señalados por su presunta colaboración en el desfalco a Veracruz.
Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, suegros de Duarte, tienen una investigación por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero. José Armando Rodríguez Ayache y Mónica Ghihan Macías Tubilla, concuño y cuñada, son dueños del predio cateado el 4 de febrero de 2017 en el fraccionamiento San Patricio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Rodríguez ha sido señalado como posible “prestanombres” de Duarte, no tiene orden de aprehensión.
Mario Medina Garzón, primo de la esposa de Duarte, fue la pieza clave para ubicar al ex gobernador en Guatemala, luego de ser detenido en el aeropuerto de Chiapas, con pasaportes apócrifos destinados a la pareja.
