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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, manifestó su oposición a que el Estado Mayor Presidencial (EMP) entregue información sobre la flota aérea utilizada por el titular del Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, en el año 2014.
Durante la sesión ordinaria del Pleno de la Corte, el ministro presidente indicó que entregar las bitácoras de vuelo y listas de pasajeros que acompañaron a Peña Nieto durante sus giras de julio a octubre de 2014 pueden implicar un riesgo a la seguridad nacional, aunque se trate de versiones públicas.
“Todo esto puede formar parte de toda una estrategia y de unos razonamientos de quien estuviera interesado en afectar la seguridad nacional, que le permitiera establecer patrones de conducta o de actuación de la autoridad que se está protegiendo en la propia Ley de Seguridad Nacional”, manifestó.
“No se debe proporcionar la información a que esto se refiere, ni aun las ciudades a las cuales se dirige, porque como podrán entender, hay ciudades –desde luego– muy grandes en las que no se sabe realmente en qué parte de la ciudad puede aterrizar un helicóptero o un avión, como esta Ciudad de México; pero no así, en poblaciones mucho más pequeñas, en donde no habrá más opción, y sería muy fácilmente localizable”.
El pronunciamiento de Aguilar Morales abonó al debate que realizan los ministros sobre el segundo recurso en materia de seguridad nacional previsto en la Ley de Transparencia, que se ventila en la Corte.
El proyecto es del ministro Javier Laynez Potisek y propone reservar también la información solicitada al Estado Mayor Presidencial por un particular y que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Públicos (Inai) ordenó entregar en versión pública.
“La decisión del Inai no fue precisamente la adecuada –desde mi punto de vista– y no protege como lo exige el artículo sexto constitucional, las condiciones de seguridad nacional estableciendo un criterio que pudiera ser contrario a él.
“De alguna manera, una buena parte de los señores ministros consideramos que hay una afectación a la seguridad nacional, con algunas pequeñas variantes al respecto, pero –en general– estamos de que existe una afectación que hubiera sido prudente que el órgano encargado, el INAI, lo hubiera advertido de esa manera”, apuntó.
El análisis del asunto continuará el próximo lunes durante la sesión del Pleno donde se prevé que los ministros emitan su decisión final.
