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La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), confirmó la reunión que sostendrá la Junta de Coordinación Política con organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, para definir y ampliar el espectro de propuestas sobre la ley de seguridad interior y el mando mixto policial.
Añadió que la seguridad del país y de los ciudadanos debes ser prioridad entre las obligaciones que debe cumplir a cabalidad el Estado mexicano, pues sin una garantía a la integridad física de los mexicanos y a su patrimonio personal, es difícil lograr la plena estabilidad social que requiere el desarrollo y el progreso de México, sobre todo en circunstancias como las actuales.
“Sin demora, pero sin presiones de tiempo, debemos avanzar en la definición de posiciones, el planteamiento de acuerdos y la consecución de consensos, con la finalidad de contar, si es posible casi al mismo tiempo, con ambos ordenamientos legales”, sostuvo
Murguía Gutiérrez apuntó que es indispensable escuchar todas las voces, a fin de construir un eficaz y sólido andamiaje jurídico que permita alcanzar los objetivos en materia de seguridad.
Recordó que el pasado miércoles 22 de marzo, asistieron a San Lázaro los gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, para expresar sus puntos de vista, fijar posturas y presentar propuestas para la elaboración del mando mixto Policial y la ley de seguridad interior.
Por separado, el grupo parlamentario del PRD, asentó que la regulación sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país, deberá hacerse “por consenso y no por imposición” de la mayoría en el Congreso.
Esto con la intención de que ésta quede avalada antes de finalizar el período ordinario, es decir, antes del 30 de abril; o en su caso, en un extraordinario.
El vicecoordinador de los diputados perredistas, Jesús Zambrano, expuso que por la relevancia que este tema representa y exige de la mayor participación posible, el PRI ha rehuido a un acuerdo para que coadyuven organismos internacionales o personalidades reconocidas en materia de seguridad, y organizaciones de la sociedad civil que, de hecho, han reclamado ser parte de las discusiones.
“¿Por qué no se ha querido tomar un acuerdo desde la propia Junta de Coordinación Política?” cuestionó en un comunicado.
cev
