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El español Carlos Martín Beristain, uno de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo al frente de las indagaciones por el caso Ayotzinapa, criticó ayer que el gobierno mexicano recuperara la “verdad histórica” como versión de lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014.
“Son malos indicadores de voluntad. Y sin buenos indicadores de voluntad política en la resolución del caso, no va a cambiar la situación”, lamentó al presentar su libro El Tiempo de Ayotzinapa, en Washington, una narración del trabajo del GIEI desde la visión privilegiada de testigo principal en el corazón de lo vivido.
Según el experto, las conclusiones que desautorizaron la tesis del basurero de Cocula “no se pueden negar”, y reiteró la necesidad de “cambiar la narrativa” para recuperar su “credibilidad y confianza” en aras de conseguir cerrar el caso de forma exitosa.
Explicó que el caso volvió a subir de tono en el periodo de sesiones de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó ayer. En su primera jornada, el gobierno mexicano recuperó como tesis principal la conocida como “verdad histórica”, una hipótesis descartada tanto por los peritos y estudios independientes como por los familiares de las víctimas. “Fue una ruptura”, reconoció Esmeralda Arosamena, comisionada y relatora para México de la CIDH.
“Desde nuestra perspectiva fue una afirmación muy seria, muy grave”, añadió el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrao.
En la conferencia de prensa de conclusión del periodo de sesiones, Abrao fue el encargado de explicar cómo la situación se rebajó con el transcurrir de las horas, y cómo ha quedado el caso tras el choque de la audiencia del pasado viernes. Según explicó, esa misma tarde tanto los abogados de las víctimas como los representantes del gobierno se reunieron bajo el mecanismo de seguimiento para evaluar cuáles son los siguientes pasos.
“Preguntamos directamente al Estado si las afirmaciones que habían realizado por la mañana se mantenían. El Estado, en ese momento, se pronunció y relativizó sus dichos de la mañana”, explicó Abrao.
Horas más tarde, el gobierno emitió un comunicado a través de la Procuraduría General de la República (PGR), reafirmando su tesis de que todas las líneas de investigación están abiertas, y sin descartar explícitamente la “verdad histórica” y la teoría del basurero de Cocula.
La aceptación o no por parte de las víctimas de la versión de retractación del gobierno determinará si el mecanismo de seguimiento tiene vigencia. “Seguiremos empujando, instando, insistiendo en que el norte es el informe del GIEI. Es el punto de partida. Que se siga y se cumpla con las resoluciones de la comisión”, aseveró el comisionado James Cavallaro, antes al frente del caso Ayotzinapa.
“Nuestro límite es el interés de las víctimas y los familiares. Hasta donde ellos [tengan] interés de continuar con el mecanismo, ahí estaremos”, aseguró Abrao. El secretario ejecutivo brasileño, así como Cavallaro, fueron los integrantes de la CIDH que mostraron una postura firme sobre lo sucedido en las audiencias.
El presidente de la comisión, el peruano Francisco Eguiguren, pareció molestarse ante las preguntas de la poca expresión de preocupación de la CIDH ante la recuperación de la “verdad histórica” como hipótesis. “Qué esperan que digamos, ¿que la comisión se va del mecanismo?, no vamos a patear el tablero porque creemos que hay un fin mayor”.
