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La cantidad de niños migrantes que se encuentran en situación irregular en América Latina y el Caribe es un dato del que no se tiene certeza, señala el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Destaca que, según diversos organismos internacionales de derechos humanos, las personas en situación migratoria irregular, por un lado, y los niños y niñas, por otro, son grupos sociales en condición de vulnerabilidad.
Ambos sectores requieren de una atención especial por parte de los Estados, que deben procurar el respeto, la protección y garantía de sus derechos fundamentales, indica.
“En el caso de la niñez migrante sin estatus migratorio regular, el cuadro de vulnerabilidad se profundiza como resultado de la combinación entre edad y condición migratoria, demandando una atención específica y adecuada por parte de los Estados (de origen, tránsito y destino de migrantes) y de otros actores implicados. La acción estatal, desarrollada fundamentalmente a través de las políticas migratorias, debería estar guiada por dos directrices principales: la garantía de los derechos fundamentales y un enfoque transversal de edad que tenga debidamente en cuenta los intereses, necesidades y derechos de los niños y niñas afectados por la migración”.
El UNICEF resalta que la acción estatal en relación con los niños y niñas migrantes no puede restringirse al ámbito de las políticas en la materia. “Por el contrario, la particular situación de este colectivo debe ser considerada también por las políticas públicas de infancia, las cuales deben incluir medidas específicas destinadas a la protección de este sector de la población y a la promoción de su desarrollo”.
Los Estados de la región iberoamericana se han comprometido a promover “el fortalecimiento de los derechos humanos como un componente central de las políticas y prácticas migratorias de los países de origen, de tránsito y de destino, asegurando la protección de los derechos humanos de los migrantes en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado, independientemente de su condición migratoria y cualquiera que sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad”, subraya el organismo.
En el mismo sentido, los gobiernos sudamericanos, al reafirmar “la importancia de proteger y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familias, en particular mujeres y niños, independientemente de su condición migratoria”, declararon “su absoluta convicción de que el ser humano es el centro de las políticas y programas migratorios y, consecuentemente, se debe priorizar el pleno ejercicio de sus derechos”.
El organismo internacional recomienda que en los países se avance en reformas pendientes en el ámbito normativo y trabajar para superar problemas derivados de las prácticas y políticas implementadas por los Estados de América Latina para regular las condiciones de ingreso, residencia y las causales de expulsión de la población migrante.
Reconoce, sin embargo, que “en la región coexisten legislaciones bastante avanzadas de protección a los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios y sus familias, con violaciones sistemáticas y muy serias a los derechos fundamentales de este grupo”.
