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Nueva York.— Los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán cuestionaron ayer ante el juez Brian Cogan la legalidad de la extradición del capo a Estados Unidos y se quejaron del trato que recibe, ya que “no nos permiten siquiera darle un vaso de agua”.
En la segunda comparecencia del líder del Cártel de Sinaloa desde que llegó a territorio estadounidense, los representantes legales aseguraron que nunca tuvieron acceso a esos documentos y existen serias dudas de que los cargos que se le imputan en el Distrito Este de Nueva York fueran los que provocaron la extradición.
“El gobierno [estadounidense] no nos ha proporcionado los documentos. Pero hasta lo que sabemos, no incluían cargos en este distrito”, aseguró el abogado Michelle Gelernt, quien añadió que “todo el ocultismo hace tener dudas sobre la legalidad” del traslado de México a la Unión Americana.
La semana pasada Michael Schneider, el otro defensor de oficio de Guzmán Loera, pidió por escrito la documentación para poder revisarla antes de la audiencia de ayer, pero asegura que no recibió respuesta.
El juez Cogan autorizó ayer este pedido y que se realice sin que El Chapo firme algún documento para recibirlos. No obstante, los abogados de Guzmán Loera criticaron el actuar del gobierno mexicano, que estuvo representado por varios funcionarios con los que se reunieron posteriormente.
“No nos quieren dejar los documentos, no nos permiten revisar los papeles a no ser que el señor Guzmán los firme. No puedo imaginar a ningún abogado en esta circunstancia que permitiera al señor Guzmán firmar un documento que él no pudo leer o que nosotros no pudimos revisar y aconsejarle al respecto”, se quejó Gerlernt.
De acuerdo con el defensor, esta es una preocupación compartida tanto por ellos como el propio Guzmán Loera, quien estuvo presente en la audiencia custodiado por guardias fuertemente armados, pero sin esposas, vestido de azul oscuro, cabeza y cara rasuradas y al lado de un traductor, después de que su solicitud para estar físicamente en la sala fuera aceptada.
La expectación fue máxima y la seguridad extrema. Un convoy de una docena de vehículos trasladó a Guzmán desde la cárcel de alta seguridad de Manhattan hasta la Corte, en Brooklyn, un trayecto de tres millas vigilado desde el aire por helicópteros policiales y que cortó el tráfico durante un cuarto de hora.
Más de un centenar de periodistas, que pasaron doble control de metales y desprovistos de instrumentos de grabación colapsaron el juzgado hasta el punto de habilitar una sala anexa para que cupieran todos.
Entre ellos, con abrigo oscuro y un pañuelo color amarillo al cuello, estaba Emma Coronel, esposa de El Chapo. Flanqueada por Silvia Delgado, la abogada mexicana del narcotraficante, la ex reina de belleza de 27 años y madre de mellizos veía desde la distancia a su marido, primera vez desde la extradición el pasado 19 de enero.
Al salir, no dijo nada, sólo respondió “bien” a las incesantes preguntas de la prensa sobre cómo estaba.
Coronel viajó a Nueva York para ver a su marido. El narcotraficante la reconoció, la miró varias veces e incluso hizo atisbo de media sonrisa que contrastó con la mirada perdida en la más de media hora que duró la visita.
Los abogados defensores reiteraron las condiciones en que Guzmán Loera vive en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
“Condiciones muy restrictivas”, calificaron, pues vive encerrado 23 horas en una celda, sólo se comunica con cuatro o cinco de sus abogados en EU y tiene una hora de ejercicio al día.
“En algún momento debería estar permitido ser visitado por su mujer o hacer llamadas sin ningún tipo de restricción”, afirmó Gerlernt, más porque “no ha generado ningún tipo de problema de seguridad desde que llegó a este país y se ha comportado de la forma que debería en la Corte y con los agentes que lo arrestaron”.
Criticaron que incluso en sus encuentros con Guzmán en la cárcel se le niega un “vaso de agua”.
El juez Cogan se lavó las manos sobre el régimen de visitas, trasladando la responsabilidad a los altos cargos del penal en el que está recluido el capo.
Reflexionó sobre el caso “extraordinario” que representa Guzmán Loera y las medidas inusuales que hay que tomar por las “razones que todos sabemos, a nadie se le olvida que escapó dos veces de penales de alta seguridad en México” y cualquier relajación podría dejar en ridículo también al sistema penitenciario estadounidense.
La fiscalía, por su parte, presentó sus reclamos, exigiendo un cambio en los abogados defensores por supuesto “conflicto de interés” y la constancia que Guzmán Loera puede costearse un abogado privado y no estar defendido por letrados públicos.
Según explicaron, los actuales abogados defendieron hasta cinco de los potenciales testigos en el caso y eso les daría información privilegiada sobre el caso. “No hay conflicto”, aseguró tajante Gelernt, quien añadió que con el confinamiento de su defendido es imposible que pueda contactar con alguien en el exterior para defenderle o darle consejo.
A falta de información para determinar la existencia o no de este conflicto, el juez Cogan determinó que Matthew Fishbein, un abogado privado, sea el encargado de visitar a El Chapo en la cárcel de Nueva York para explicar el posible conflicto de interés de sus actuales defensores, a la espera de dictaminar si puede costearse un defensor privado y cómo debería contratarlo —con la opción de que sea su familia la que tuviera que decidir.
Así se dio por finalizada una audiencia. Las vistas se reanudarán el 5 de mayo a las 9:30 de la mañana, en la misma sala del juzgado de Brooklyn. El juicio por 17 delitos que podrían condenar a Joaquín Guzmán Loera hasta a cadena perpetua sigue sin fecha de inicio.
