Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Hoy a mediodía, Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ofrecerá una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por cometer irregularidades en el caso de Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, quienes fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI, razón por la que pasaron tres años en prisión.
Una de las inconsistencias en el proceso judicial de las tres mujeres hñähñú fue que al ser detenidas declararon sin la asistencia de un intérprete que les explicará sus derechos y el delito por el que se les acusaba. Lo mismo pasó con los testigos, quienes no recibieron auxilio alguno de intérprete o traductor, aun cuando la defensa de las mujeres indígenas lo solicitó.
El 10 de julio de 2009 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) emitió una recomendación por considerar que fue vulnerado el derecho de la señora Jacinta Francisco a contar con la asistencia de un intérprete en todas las etapas del procedimiento.
La mujer, quien tenía 44 años cuando fue recluida, no sabía hablar español y en la cárcel se le prohibió hablar su lengua porque algunas internas pensaban que les decía groserías.
En México sólo existen 25 defensores de oficio bilingües que hablan 19 variantes lingüísticas y están ubicados en 10 de los 32 estados; sin embargo, las lenguas de los defensores no corresponden a las que se hablan en esos lugares.
Hasta 2015 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tenía reportados más de 8 mil indígenas en cárceles de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Ciudad de México por carecer de una defensa.
Según el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), los traductores e intérpretes certificados sólo cubren un tercio de las 364 variantes lingüísticas que existen en el país, donde más de 900 mil personas solamente saben expresarse en su lengua y más de 6 millones 500 mil tienen el español como segunda lengua.
Los defensores están certificados en las lenguas: maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, mixteco, mixe, tzeltal, tzotzil, triqui, otomí, yaqui, amuzgo, chol, zapoteco y zoque.
Esto representa un problema para que las personas indígenas tengan acceso a la justicia, porque la falta de intérpretes en el país es acompañada de otras violaciones a derechos humanos; incluso, existen recomendaciones internacionales que piden que se garantice el ejercicio de los derechos lingüísticos en el ámbito judicial.
