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Por primera vez, la Procuraduría General de la República (PGR), en voz de su titular Raúl Cervantes, se disculpará públicamente por cometer irregularidades y reconocerá la inocencia de tres mujeres indígenas, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) ordenó la reparación del daño de quienes fueron detenidas arbitrariamente en 2006 y sentenciadas por el supuesto secuestro de seis agentes federales de Investigación.
Nueve meses después de que el Tercer Tribunal Colegiado desechó el recurso de la PGR que pretendía impedir la disculpa pública a favor de Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, la procuraduría cumplirá la orden en un evento inédito que se realizará mañana en el Museo Nacional de Antropología.
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de Amnistía Internacional (AI) coinciden en que esta disculpa no tiene precedentes en el país, no sólo por ser la primera ocasión en que una dependencia acepta su error, sino porque manda un mensaje de que a pesar de que la justicia llega tarde en México, “los funcionarios corruptos sabrán que sus actos no permanecerán en la impunidad.
“Para nosotros es un caso muy representativo porque estamos convencidos que el reto entorno a la impunidad que vive este país tiene que ver también con que los actos corruptos de los funcionarios no tienen consecuencias. En este caso, nos parece que la mayor consecuencia de que la PGR reconozca los hechos y pida una disculpa manda un mensaje poderoso, primero para la sociedad o para otras víctimas, pero también a la procuraduría, de no a la impunidad, de que los actos serán sometidos al escrutinio y no permanecerán en impunidad” señala a EL UNIVERSAL, Mario Patrón, director del Centro Prodh.
Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de AI en México, advirtió que en el país “la justicia llega tarde”, pero esta acción tiene importancia porque un tribunal obliga a la PGR a resarcir el daño a las víctimas por “la irregular actuación de sus trabajadores”. Actos similares han ocurrido en el país, pero éste se ordenó a partir de una sentencia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, añadió.
Patrón aseguró que Jacinta, Alberta y Teresa recibieron la noticia de la disculpa pública como una esperanza muy grande, “porque es una clara manifestación de que vale la pena luchar y de que están obteniendo justicia, que la institución que las recluyó se disculpe y de alguna manera reintegre su buen nombre a la sociedad”; sin embargo, la resolución tardó mucho y “a Jacinta no le devolverán tres años que pudo pasar con uno de sus hijos que falleció poco después de que salió de la prisión y Teresa tuvo que explicarle a su niña de ocho años por qué nació en un penal y lucha día tras día para que no sea estigmatizada”.
Diez años con seis meses han pasado desde que las tres mujeres hñähñú fueron detenidas injustamente y después fueron sentenciadas por secuestro a 21 años de cárcel.
Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas con engaños y declararon sin la asistencia de un traductor que les explicara la naturaleza del proceso al que se enfrentaban, la gravedad de la imputación ni sus derechos como acusadas, que fue una irregularidad.
Otra anomalía fue la falta de testigos de los agentes federales, quienes afirmaron que al lugar del “supuesto plagio” acudieron más de 40 policías de diferentes corporaciones, pero ninguno de éstos rindió su testimonio ante el Ministerio Público o ante el juez.
En el proceso penal, los agentes de la extinta AFI fueron a citados a comparecer en 15 ocasiones al Juzgado Cuarto de Distrito, pero no se presentaron en un periodo de un año y medio. Sus argumentos eran que tenían ocupaciones o actividades relevantes.
Tras tres años en prisión, Jacinta fue absuelta en septiembre de 2009,puesto que la PGR no presentó conclusiones acusatorias. Un año después la afectada interpuso un reclamo por responsabilidad patrimonial ante la Dirección de Juicios Federales de la PGR.
Alberta y Teresa fueron liberadas en 2010, y solicitaron la reparación del daño en abril de 2011 al Estado.
Como respuesta, la Dirección de Juicios Federales de la PGR negó la reparación del daño por considerar que sus agentes habían actuado regularmente y argumentaron que en caso de haber sufrido algún daño, no fue responsabilidad de la procuraduría.
En el caso de Alberta y Teresa, las sentencias del TFJFA del 20 de noviembre de 2013 determinaron en resoluciones separadas la responsabilidad de servidores públicos de la PGR por actos irregulares que ocasionaron daños materiales y morales, por lo cual ordenó cumplir con el reconocimiento de inocencia, la disculpa pública y la indemnización. La PGR se negó a acatar la sentencia y presentó dos recursos de revisión en contra de la sentencia.
El 19 de mayo de 2016, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito desechó el recurso de la PGR.
Patrón afirma que el proceso fue tardado pero la disculpa pública se convierte en un acto de esperanza.
