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Procuradores y fiscales de 11 países, incluido México, firmaron un convenio de colaboración denominado Declaración sobre la Cooperación Jurídica Contra la Corrupción, para efectuar acciones contra los presuntos actos de corrupción de directivos de las empresas Odebrecht y Braskem.
Por México acudió Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República (PGR), quien colaboró con homólogos y fiscales generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
Los participantes expusieron la necesidad de desmantelar la corrupción internacional para propiciar un ambiente económico favorable.
“La reunión de procuradores y fiscales obedeció a la necesidad de reforzar la cooperación jurídica internacional, auxiliar a los países interesados y obtener pruebas, a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales en sus respectivas jurisdicciones, atendiendo a los principios del derecho internacional vigente y a las leyes de cada país”, informó la PGR en un comunicado oficial.
En la dependencia indicaron que el Ministerio Público Federal brasileño investiga el caso Lavo Jato, calificado como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y también lo hace con el caso Odebrecht, pero esta indagatoria mantiene una reserva sobre el expediente que vence el 1 de junio de 2017.
A finales de diciembre del año pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado sobornos a funcionarios de alto nivel de varios países para obtener contratos en diferentes naciones.
Entre los involucrados en el caso está México, donde se presume que se realizaron pagos cercanos a 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014, con el fin de asegurar contratos de obras públicas.
En un comunicado, Pemex informó que colabora con la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y con la PGR en el esclarecimiento de los hechos y para que se sancione a los responsables y se reparen los daños ocasionados.
La declaración firmada por procuradores y fiscales destaca ocho acuerdos de colaboración para investigar y reparar el daño causado por la corrupción de la empresa brasileña.
Los países se comprometieron a brindar una rápida y eficaz cooperación jurídica en ambos casos (Lava Jato y Odebrecht); promoverán la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales. Estos equipos actuarán con plena autonomía técnica y funcionarán como principio rector de los Ministerios Públicos y fiscalías de los países firmantes.