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Nueve funcionarios mexicanos, incluido el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, cometieron irregularidades durante una diligencia realizada dentro de las pesquisas por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, pero sólo de tipo “administrativo”.
Esa es la conclusión del dictamen final de una investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre una diligencia que encabezó Zerón de Lucio el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan con uno de los detenidos por el caso, y que difiere de un proyecto preliminar.
Según la resolución definitiva, cuya autenticidad avaló la actual visitadora, Adriana Campos, entre las irregularidades destacan el traslado al río de Agustín García Reyes, presunto miembro del Cártel Guerreros Unidos, sin un mandamiento ministerial y sin la presencia de su defensor.
Ninguno de los funcionarios que participaron dejó constancia de las actuaciones en el río, tampoco realizaron peritajes para descartar o preservar una pieza ósea hallada allí, presuntamente de origen animal, ni se registró la cadena de custodia de los indicios encontrados.
La diligencia, que nunca fue incorporada en el expediente del caso, salió a la luz en abril de 2016, cuando el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el asunto presentó su último informe.
Ello despertó las suspicacias de los familiares de las víctimas, puesto que en ese lugar donde fue hallada —un día después de la diligencia— una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías.
De acuerdo con la versión oficial, los jóvenes fueron entonces entregados a una célula de Guerreros Unidos que los mató e incineró en un basurero en el municipio de Cocula, antes de tirar sus cenizas al río.
Campos dijo que en la actuación del 28 de octubre se “cometieron errores” de procedimiento, “descuidos” que, si bien “no son justificables, no ponen en riesgo la investigación”.
Zerón de Lucio aseguró entonces que la actuación fue legal y que tuvo como fin reconocer en campo las declaraciones de García Reyes, alias El Chereje, quien asegura haber participado en los hechos.
