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La Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa del fundador del Cártel de Sinaloa enfrentan una batalla legal por la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. A un año de la recaptura del capo, el abogado José Refugio asegura tener todos los elementos para evitar que sea entregado a Estados Unidos, mientras que las autoridades mexicanas advierten que no hay argumentos que lo puedan impedir.
“Nosotros consideramos que hay argumentos jurídicos que hacen procedente que se les niegue el amparo y obviamente se resuelva a favor de los intereses del gobierno de México para efectos de la extradición”, enfatizó Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario confió en que antes de finalizar este año, Guzmán Loera se encuentre en Estados Unidos, donde es requerido por dos Cortes por diversos delitos.
“La certeza viene del procedimiento que se ha presentado, los elementos probatorios y los amparos que han sido favorables a los intereses del gobierno mexicano; no creemos que vaya a cambiar la convicción que hasta el día de hoy ha tenido el Poder Judicial para poderles otorgar el amparo”, comentó.
Aunque no hay fecha exacta para que el Poder Judicial de la Federación (PFJ) resuelva si se cumple con los requisitos del tratado de extradición, la defensa de Guzmán Loera espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y sea la que decida el futuro de El Chapo.
“Confiamos en un fallo a favor, porque tenemos razón”, enfatizó Refugio Rodríguez tras mencionar que en caso de que el máximo tribunal no atraiga el caso o niegue el amparo, el capo no podría ser extraditado porque tiene procesos penales pendientes en México.
“Joaquín Guzmán tiene 10 procesos penales federales, no pueden extraditarlo hasta que exista sentencia en esos procesos, entonces con eso pararíamos la extradición de Joaquín y buscaríamos que el caso se fuera a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una posible violación de sus derechos, de acuerdo con lo que se resuelva”, advirtió el abogado.
Incluso estimó que en la primera quincena de enero la SCJN pueda definir qué ministro se encargue de presentar el caso de Joaquín Guzmán Loera “para solicitar la facultad de atracción y que sea esta instancia la que defina si se le otorga o no el amparo que frenaría la extradición”.
Pero para el subprocurador Elías Beltrán no hay nada que pueda parar la entrega del capo, ni la supuesta violación a los derechos humanos, los procesos penales pendientes o el argumento de que se le podría imponer la pena de muerte.
En ese contexto, explicó que los procesos penales se suspenderían en caso de ser extraditado y se reactivarían una vez que el narcotraficante haya cumplido su condena en Estados Unidos y sea devuelto a México.
“Para poder entregar a una persona se deben cumplir muchas garantías, entre ellas que el gobierno de Estados Unidos no podrá solicitar una pena mayor que pudiera establecerse de acuerdo con la legislación mexicana. Evidentemente en México está prohibida la pena de muerte o la cadena perpetua”, indicó.
Múltiples cargos en México y EU
Guzmán Loera es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.
La Corte de Distrito para el Distrito Sur de California formuló la solicitud de extradición por el cargo de asociación por importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.
El gobierno de Estados Unidos presentó la primera solicitud de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el 16 de junio de 2015, mientras que el 31 de agosto realizó la segunda petición. El 20 de mayo 2016 la Cancillería anunció que concedía la entrega del capo tras haber revisado las opiniones de dos jueces federales.
Aunque por el momento es requerido por las Cortes antes mencionadas, El Chapo tiene abiertos otros cuatro expedientes, uno en el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn; otro en el Distrito de New Hampshire en Concord; Distrito Norte de Illinois en Chicago, y Distrito Sur de Nueva York, por introducir grandes cantidades de cocaína.
De acuerdo con la PGR, las causas penales contra Guzmán Loera están radicadas en distintos juzgados en el Estado de México, Nayarit, Jalisco y Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada, cohecho, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, acopio de armas, almacenamiento de armas, cartuchos y explosivos; introducción clandestina de armas de fuego, municiones y explosivos; contra la salud, asociación delictuosa; daño en propiedad ajena y ataque a las vías generales de comunicación, mismos que quedarían pendientes al ser extraditado.
La defensa del capo presentó los recursos de revisión contra las órdenes de extradición 644/2016 y 645/2016, y será un Tribunal Colegiado el que resuelva si da en definitiva el amparo para que permanezca en México. Sin embargo, el abogado José Refugio busca que la SCJN lo atraiga.
Otra opción que pretende El Chapo por medio de su equipo de abogados es que su caso llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una posible violación a sus derechos humanos, en caso de que el máximo tribunal mexicano no les favorezca. El argumento de que su segregación ha causado supuestas afectaciones en la salud de Guzmán Loera es parte también de la estrategia.
Para el subprocurador Elías Beltrán, en caso de que lleven el caso de Guzmán Loera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco frenaría su extradición.
