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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer la versión pública de las declaraciones ministeriales del ex presidente Luis Echeverría, el ex general Luis Gutiérrez Oropeza, el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, entre otros, relacionada con una investigación por la denominada “Guerra Sucia”.
En respuesta a un particular que solicitó esa información, la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales manifestó la existencia de 167 copias de las declaraciones ministeriales solicitadas, que puso a disposición en copias simples, en versión pública.
Empero, la PGR dijo que en las versiones públicas se eliminarían los datos de los servidores públicos que prestaron servicios sustantivos a la institución, tales como nombre, edad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, trayectoria laboral, CURP, RFC, números telefónicos, religión, instrucción escolar, en su caso, rasgos fisonómicos y todos aquellos tendientes a su identificación.
Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, a través del cual impugnó la clasificación de los nombres de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle, Alonso Aguirre Ramos y el nombre de funcionarios públicos y personal militar que participó en el periodo de la “Guerra Sucia”.
En alegatos, la PGR precisó que la clasificación de confidencialidad, notificada a través de la respuesta inicial, no versa sobre los nombres de Luis Echeverría Álvarez, Luis Gutiérrez Oropeza, Miguel Nazar Haro, Ernesto Gutiérrez Gómez Tagle y Alonso Aguirre Ramos.
El recurso de revisión fue presentado por la ponencia del comisionado Joel Salas, y derivado de un requerimiento de información adicional (RIA), la PGR dijo que los servidores públicos sustantivos a que hacía referencia en su respuesta eran Agentes del Ministerio Público de la Federación de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).
La Fiscalía estaban encaminada a la prevención, investigación y persecución del delito, lo cierto es que, en el caso concreto, el hecho de proporcionar sus datos no los vincula con las labores que pudieron haber realizado o no en el combate de la delincuencia organizada, en alguna de las unidades dependientes de la SEIDO.
En consecuencia, se apuntó, no se acredita un riesgo real, demostrable e identificado de perjuicio, toda vez que al no estar relacionada la información solicitada con las labores de combate a la delincuencia organizada, no es posible indicar que se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y/o la de sus familiares.
No obstante, se hizo notar, los datos personales de testigos, víctimas e inculpados, sí es información clasificada como confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia.
Al presentar el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez, recordó que el INAI ha discutido en varias ocasiones recursos de revisión relacionados con la “Guerra Sucia” y las represiones estudiantiles de 1968 y 1971, en los que se ha coincidido, dijo, en que el derecho de acceso a la información puede ayudarnos a reconstruir la verdad para reparar y no repetir el pasado.
“El derecho de acceso a la información permite conocer documentos de nuestra historia para promover la rendición de cuentas, pero también para contribuir a escribir o reescribir la historia política de nuestro país desde distintas perspectivas y con distintas miradas. Sin la información de esos documentos, esto no será posible, entender el pasado para cambiar el presente y redefinir el rumbo del futuro”, enfatizó.
Salas Suárez indicó que una vez que culmine la investigación que involucra las declaraciones ministeriales que solicitó el particular, se debe garantizar que los documentos estén disponibles en el futuro para la población y también para los historiadores que sigan indagando el pasado reciente de nuestro país.
Así el INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versión pública de las declaraciones ministeriales solicitadas, en los términos referidos.
