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Académicos y expertos en seguridad urgieron al Congreso de la Unión certidumbre jurídica en caso de que las Fuerzas Armadas continúen, como desde hace 10 años, en labores de seguridad pública por la ineficacia de las corporaciones policiacas.
En la segunda reunión de trabajo para la expedición de una Ley de Seguridad Interior, realizada por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, la diputada presidenta de dicha comisión, Mercedes del Carmen Guillén, adelantó que en febrero se tendrá listo el dictamen y aprobado en este periodo ordinario de sesiones.
En la reunión de trabajo, a la que el PRD rechazó asistir por no incluir a sus propuestas de expertos, el punto que hasta ahora ha quedado claro, según Carmen Guillén, es que las Fuerzas Armadas no serán utilizadas para controlar disturbios ni en la intervención de manifestaciones.
En su ponencia, Juan Velázquez, uno de los abogados penalistas más reconocidos de México, resaltó que las Fuerzas Armadas actúan obligadamente en la seguridad pública porque ésta amenaza a la seguridad interior, y existe una falta de autoridades civiles que enfrenten a la delincuencia organizada.
Expuso que México tiene una de las diez policías menos eficientes del mundo, la más ineficiente de América Latina, la segunda más corrupta y el 75% de los cuerpos policiacos están infiltrados por la delincuencia, “pero eso se ha encargado a militares la preservación de la seguridad pública pero sin un marco regulatorio. Se ha sacado a militares de los cuarteles para que malamente la hagan de policías y luego se les castigue por actuar como militares y no como policías”.
Aclaró que la Ley de Seguridad Interior, que se analiza en el Congreso de la Unión, no debe ser para proteger a las Fuerzas Armadas sino que exista una corresponsabilidad de todos los actores del Estado en sus ámbitos de competencia.
Para Elías Huerta Psihas, Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es preocupante el tema de la seguridad en el país. Asimismo, apoyó la iniciativa del PRI en San Lázaro de delimitar las acciones de las Fuerzas Armadas en el territorio, pero que no se utilicen para el control de manifestaciones o disturbios internos.
En su oportunidad, María Leoba Castañeda Rivas, catedrática de la UNAM e investigadora del Conacyt, resaltó que las Fuerzas Armadas tienen 10 años de estar violentando la Constitución, desde que en el 2006 se les permitió salir a realizar labores de seguridad pública.
Para Juan Ibarrola Carreón, experto en temas de seguridad, sostuvo que la seguridad pública es un tema pendiente de gobernadores y alcaldes y por eso “creo urgente una ley de Estrado que nos dé la oportunidad de reinventarnos”.
“En este momento, en este país, las Fuerzas Armadas son la única opción que tenemos los ciudadanos, en un inicio para coadyuvar con autoridades civiles. Pero no se están haciendo responsables alcaldes, gobernadores, Congresos locales”, expresó.
A su vez, Javier Oliva Posada, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advirtió que el mal uso de las facultades de las Fuerzas Armadas puede dañar la estabilidad del Estado Mexicano.
Para Jorge Luis Chabat, Profesor de la División de Estudios Internacionales del CIDE, en el 2006 se pensó en la idea temporal de usar las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, pero las policías no han funcionado bien y se ha llegado a un desgaste de las Fuerzas Armadas.
