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Los mensajes en redes sociales que se usaron para desviar el sentido de las protestas por el aumento en las gasolinas y saquear centros comerciales o tiendas de conveniencia, incitaron principalmente a personas que viven en puntos con altos índices delictivos.
Según la información que recaban las autoridades federales y locales, las zonas en las que se encuentran las tiendas afectadas se ubican, en algunos casos, en casas de familias con convictos o con antecedentes penales.
La capital del país y el Estado de México fueron las entidades en las que los mensajes persuadieron más a la población para tomar parte de las acciones de vandalismo. Se observó que en los alrededores de las tiendas afectadas los niveles de educación son bajos, o bien, tienen alguna carencia de necesidades básicas como seguridad social, servicios de salud y acceso a la alimentación.
Las delegaciones donde ocurrieron los saqueos u otro delito como el robo en gasolinera son Coyoacán, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. Mientras que en el Estado de México las principales afectaciones ocurrieron en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Tultepec, Naucalpan, Nicolás Romero, Acolman y Tlalnepantla. Ecatepec, Tecámac y las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc forman parte de las 50 localidades donde se registra el mayor índice delictivo.
El fenómeno de los saqueos y actos vandálicos en masa que se registraron los primeros días de enero bajo el argumento de una manifestación en contra del gasolinazo atrajo principalmente a personas de escasos recursos y de bajo nivel educativo, pero también a quienes fueron promovidos por organizaciones políticas, advierten especialistas.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), asegura que sólo las personas vulnerables se dejan llevar por los llamados a cometer actos vandálicos en redes sociales.
“No todo mundo se deja llevar por estas actitudes, pero sí estamos hablando de este descontento, de esta rabia y de esas personas que sienten que no tienen manera de expresar sus demandas y sus frustraciones y que no hay respuesta a ellas”, comentó en entrevista para EL UNIVERSAL.
La investigadora señala que estos actos fueron orquestados por personas que buscaban expresar su rabia, su descontento o su desaliento y se escudaron en el anonimato que les dio la movilización en masa.
“No es gente que robe cotidianamente, puede que algunos sí, pero tiene que ver más con un fenómeno de masas. La desesperación de la gente, que siente que no es escuchada, que no tiene canales apropiados para que lleguen sus demandas”, comentó Azaola.
Eduardo Cossío, especialista en comunicación y lenguaje corporal, asegura que los participantes en actos de rapiña están conscientes de que están cometiendo un delito, pero se dejan llevar por los beneficios económicos que puedan conseguir.
“Culpa no creo que tengan. Saben que no está bien lo que están haciendo, pero no sienten culpa ni vergüenza, porque lo que desean es recibir algún beneficio y obtener ganancias de los saqueos”.
Uno de los factores que favoreció el éxito de estas movilizaciones para cometer actos delictivos fue el hecho de que los mexicanos no tiene respeto por las leyes o las normas, y esto incluye a ciudadanos e instituciones, alerta Azaola.
“Cuando ven ante sus ojos a los gobernadores o funcionarios que han robado cantidades infinitas de dinero y el tema de desigualdad, creo que todas esas cosas están presentes en la mente de quienes se animan a participar en un acto como éste”.
Cossío asegura que no se trata de legítimas protestas, sino de actos vandálicos cometidos por personas manipuladas por partidos políticos y que son realizados por personas de escasos recursos y bajo nivel educativo.
Aseguró que hay muchas posibilidades de que estos actos se repitan en caso de que la crisis se profundice y el gobierno no ofrezca respuestas concretas. Azaola explica que la propagación y culminación de los actos de rapiña se debe a que nuestro país tiene instituciones frágiles que no acaban de someterse a la legalidad y las personas que participaron saben que difícilmente serían detenidas.
Cossío señala que es alta la probabilidad de que las personas que incitan a la violencia sean miembros de partidos políticos que se han beneficiado de la falta de gobernabilidad en ciertas zonas.
El mayor error del gobierno, asegura, es que le ha faltado comunicarse con el pueblo y por ello la información es manipulada por pequeños grupos que incitan a la violencia.