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La Policía Federal ha decomisado desde el 10 de enero pasado por lo menos 240 mil 900 litros de combustibles e inhabilitado dos tomas clandestinas en los estados de Veracruz, Michoacán, Guanajauato, Nuevo León, San Luis Potosí y Estado de México.
De acuerdo con reportes de la dependencia en su cuenta oficial en Twitter, El pasado 10 de enero la Policía Federal desmanteló en Acolmán, Estado de México, una toma clandestina; posteriormente, el 11 de enero fueron incautados 40 mil litros de combustible en Guanajuato; mientras que en San Luis Potosí se decomisaron 63 mil litros.
En carreteras federales, el 12 de enero fueron asegurados 37 mil litros de gasolina en Guanajuato y 22 mil litros de diesel en Nuevo León.
En tanto que ayer fueron confiscados 78 mil 900 litros en dos operativos. La dependencia federal recuperó en Veracruz 71 mil 900 litros de gasolina, tres armas largas, dos vehículos y tres camiones. Mientras que en Michoacán fueron recuperados 7 mil litros de combustible, se decomisó una camioneta y se inhabilitó una toma clandestina.
El robo de hidrocarburos está tipificado como un delito federal en la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2016.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de esta ley, se sancionará con penas de entre 15 y 25 años de prisión y multa de entre 15 mil y 25 mil días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien “sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.
Será acreedor a sanción quien “compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.
Se establece que será el Ministerio Público Federal quien perseguirá de oficio a quien no demuestre la posesión legal de hidrocarburos, petroquímicos o activos.
