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En México prevalecen las violaciones generalizadas a los derechos humanos derivadas de la presencia del Ejército en las calles como parte de la estrategia del gobierno federal para combatir la violencia y al crimen organizado, y es habitual que se torture a detenidos en centros de detención ilegales o bases militares, reveló el Informe Mundial 2017 de la organización Human Rights Watch.
“México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos”, señaló.
“Hasta julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido casi 10 mil denuncias por abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares”.
De acuerdo con una revisión que se hizo del Informe de HRW 2016, las cifras presentadas reflejan que hay un incremento en el número de denuncias de abuso presentadas en contra de militares. El reporte señala que desde 2006, la CNDH recibió nueve mil denuncias por abusos cometidos por miembros del Ejército, de las cuales mil 700 fueron presentadas durante el actual gobierno. Esto implica un aumento de mil 300 casos entre ambos reportes.
En conferencia en Washington D.C., el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, afirmó que las estadísticas sobre violencia en México se acercan a las registradas en 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa.
Lo atribuyó a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, a la corrupción en los cuerpos policiacos y al fracaso del gobierno para defender el Estado de derecho y explicó que la tendencia tuvo su principal ejemplo con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014.
“No sólo el gobierno no hizo nada por esclarecer lo ocurrido a los estudiantes, sino que activamente obstruyó los esfuerzos por examinar la ineficacia de la investigación”, dijo.
Respecto a la justicia militar, el reporte afirmó que en 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos por militares contra militares serían tratados en la justicia militar; mientras que las agresiones de soldados contra civiles serían juzgados por la justicia civil, puesto “que en el pasado no [se] había asegurado que los militares implicados en abusos rindieran cuentas por sus acciones”; sin embargo, indicó el reporte, “nadie ha sido condenado en el caso de Tlatlaya”.
El documento señaló la participación del Ejército y la Policía Federal en los casos de Tlatlaya y Tanhuato. En el primero, dijo que 22 civiles murieron a manos de soldados, 12 por ejecución extrajudicial, sin que hasta el momento haya condenas. En mayo de 2016, un tribunal federal absolvió a ocho soldados imputados por homicidio en Tlatlaya.
Destacó la participación de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes torturaron a las testigos que sobrevivieron para obligarlas a que prestaran testimonios falsos, en el intento de encubrir a los soldados.
“En julio, las autoridades indicaron que siete u ocho investigadores serían despedidos y otros 22 suspendidos un mes, por conducta indebida, pero no hubo condenados con relación al encubrimiento”.
En los hechos en Michoacán, explicó que federales ejecutaron a 22 personas, torturaron a dos detenidos, quemaron vivo a un hombre y alteraron la escena del crimen y en el caso de Ayotzinapa, a la fecha no hay personas condenadas.
