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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para los periodistas Laura Sánchez Ley, corresponsal de EL UNIVERSAL, así como para su esposo Luis Alonso Pérez, y otros reporteros que fueron golpeados por elementos de la Gendarmería cuando cubrían los disturbios en la planta de Pemex, en Playas Rosarito, Baja California.
El organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, resaltó a través de un comunicado que “determinó iniciar una queja de oficio y el mismo sábado 7 solicitó medidas cautelares al gobierno de Baja California a fin de implementar la protección y la atención médica necesaria a la y los periodistas lesionados”.
El sábado pasado, cuando los elementos federales intentaron desalojar a los manifestantes que mantenían un plantón en la planta matriz de Pemex en Baja California, Jesús Bustamante, fotógrafo del periódico Frontera; Yolanda Caballero, reportera de El Sol de México; Luis Alonso Pérez, reportero independiente, colaborador de Animal Político y Univision, y Laura Sánchez Ley, fueron agredidos a golpes por los elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería cuando reportaban el intento de quitar a los manifestantes de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.
A los dos hombres, los agentes federales los patearon en el piso, y además a Jesús Bustamante lo rociaron con gas en el rostro, pese a que llevaba en un lugar visible sus credenciales que lo acreditaban como periodista.
Luego que se diera a conocer las agresiones a los periodistas por parte de la Gendarmería, la diputada Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, solicitó que la PGR atraiga la investigación y se inicie un proceso contra los policías.
En un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que durante los operativos los elementos de la Gendarmería y de la Policía Federal se abstengan de agredir a los periodistas en cualquier cobertura en el país.
“Que garantice que quienes cubren las movilizaciones por el incremento en el precio de los combustibles, como parte de su labor periodística, puedan hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos de dichas corporaciones”, enfatizó.
La CNDH agregó que personal del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de ese organismo dialogó con los comunicadores, a quienes les ofreció acompañamiento del personal de la oficina foránea de la comisión en la ciudad de Tijuana, a fin de presentar la denuncia correspondiente.
