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Legisladores de distintas fuerzas políticas y especialistas en materia de seguridad afirmaron que es urgente que el Congreso de la Unión apruebe una ley de seguridad interior, para que sea el marco normativo de actuación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a las autoridades federales federales, estatales y muncipales.
Los expertos y los legisladores advierten que mantener a los integrantes de las Fuerzas Armadas en las calles “desgasta” a una de las instituciones en las que más confían los mexicanos, pues hace 10 años la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba por arriba de 90% y ahora está por debajo de 70%, de acuerdo con distintos sondeos.
Coinciden en que es una de las asignaturas pendientes más importantes que no ha podido aprobar el Congreso de la Unión después de 10 años de que las fuerzas castrenses salieron a las calles a enfrentar al crimen y a la delincuencia organizada, pese a las distintas peticiones que les han hecho a los legisladores federales.
“Es la asignatura pendiente que la clase política tiene con las Fuerzas Armadas. Es claro que no pidieron [los militares] salir a las calles a hacer tareas de seguridad pública; fue por necesidad y las circunstancias del momento. Las Fuerzas Armadas necesitan un marco legal de actuación que les dé certeza jurídica, porque después de 10 años, evidentemente hay un desgaste con este trabajo que han venido realizando”, admite el diputado Waldo Fernández (PRD), presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Juan Ibarrola, especialista en temas de seguridad, coincidió en que urge que se apruebe este marco legal para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad, debido a que hay una ausencia total de instituciones civiles municipales y estatales policiacas. Pidió a los legisladores que su promesa en este tema no sea solamente un discurso político, por los riesgos a los que están sometidas las fuerzas castrenses.
“Al no tener corporaciones policiacas ni un sistema de gobierno efectivo a nivel estatal y municipal, pero sí delincuencia organizada infiltrada, claro que hay un desgaste. ¿Por qué? Los ejemplos más claros son cuando se recuperó Tijuana y Ciudad Juárez, van dos veces que se recuperan esas ciudades y dos veces que las pierden las autoridades civiles. Se convierte en un círculo vicioso de desgaste”, explicó Ibarrola.
Puntualizó que ese desgaste no significa cansancio, sino que se está utilizando de una manera indiscriminada a las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando no hay una respuesta a poder tener una respuesta a nivel local. Detalló que hay 52 mil elementos de la Defensa y Marina y sólo en este sexenio llevan millones de operaciones.
La académica Ximena Medellín, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se manifestó en contra de que las Fuerzas Armadas hagan tareas de policías en las calles y aseguró que en 10 años hay evidencia de que no ha bajado la crisis humanitaria que hay en nuestro país, por lo que, asegura, es una política fallida.
Advirtió que este despliegue no solamente ha afectado a los ciudadanos, sino a las Fuerzas Armadas, debido a que están llegando a un punto de tensión institucional, técnica y operativa que no es soportable para una institución castrense. “Las Fuerzas Armadas han perdido la relevancia que realmente deben tener”, dijo.
Historia
El viernes 17 de noviembre de 2006, Felipe Calderón, entonces presidente electo, comía tranquilamente en Morelia, en la casa de gobierno, con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel.
Justo entonces le informaron al mandatario que un grupo de reos mantenía como rehenes a custodios del penal de Mil Cumbres. Amagaban con matarlos. “Las cosas en Michoacán están muy graves”, le confió Cárdenas a Calderón. “Es tu tierra; el narco está cada vez peor”, dijo el perredista al panista. En diciembre, apenas tomó posesión de la Presidencia de la República, lo primero que hizo Felipe Calderón fue enviar al Ejército a Michoacán. La historia de los siguientes seis años fue de violencia ahí y en gran parte del país.
Al momento se han presentado por lo menos ocho iniciativas para regular los alcances de los soldados y marinos en tareas de seguridad; mientras tanto, los policías municipales y estatales recuperan sus capacidades para poder cumplir con sus funciones.
Sin embargo, en ambas Cámaras han fracasado los intentos para darle certeza jurídica a los integrantes de las fuerzas castrenses.
Uno de los primeros funcionarios que pidió al Congreso una ley en este sentido fue el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien al emitir su discurso en la develación de una placa en la Cámara de Diputados por los 100 años de vida del Ejército, en noviembre de 2013, aseguró que las Fuerzas Armadas requieren de un marco jurídico moderno con instrumentos legales apropiados y funcionales para estar a la altura de los desafíos que enfrentan diariamente.
Ante los entonces coordinadores del PRI, PRD y Verde, Manlio Fabio Beltrones, Silvano Aureoles y Arturo Escobar, respectivamente, Cienfuegos afirmó que el reto de las Fuerzas Armadas es grande, pero han ajustado sus capacidades de acción y operación a lo que la nación les otorga. El titular de la Sedena dijo que soldados y marinos tienen clara la elevada encomienda de continuar siendo pilar firme de la estabilidad, democracia y unidad nacional. “Aspiramos a seguir contando con la confianza ciudadana”, aseguró.
Los llamados al Congreso han sido muchos. El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, solicitó el pasado 14 de noviembre al Congreso de la Unión establecer un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas regular su actuación en tareas de seguridad pública, bajo los principios de transparencia y con pleno respeto a los derechos humanos.
Sobre estas peticiones, el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), aseguró que la Cámara Alta está comprometida y trabajando en la discusión y análisis del marco jurídico que solicitó la Marina Armada, para otorgar las garantías suficientes que le permitan desarrollar y alcanzar sus objetivos en beneficio de la nación. Después, el 24 de noviembre, al encabezar los festejos por el Día de la Armada de México, el presidente Enrique Peña Nieto también llamó a avanzar en la consolidación del marco legal para las Fuerzas Armadas.
Iniciativas
En la actual 63 Legislatura, el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, César Camacho, y su colega, Martha Tamayo, presentaron la iniciativa que será la base con la que se debatirá este tema en la Cámara de Diputados y que incluso tiene el aval del gobierno federal.
Martha Tamayo aseguró que las Fuerzas Armadas en México, por su disciplina, organización y disponibilidad, han sido durante muchos años el principal recurso que tiene la nación para enfrentar y contener los distintos desafíos de la seguridad que en cada momento se presentan a la nación, tanto en el apoyo prestado en el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre como en el combate al crimen organizado.
“Sin embargo, su eficacia se ha visto limitada por la falta de un marco normativo adecuado para tal efecto, particularmente en cuanto a las acciones que pueden realizar en tiempos de paz”, por lo que, dijo, es urgente que se considere discutir el tema para que se fortalezca su actuación en materia de seguridad interior.
La iniciativa, turnada a comisiones, tiene como objetivo la declaratoria de protección a la seguridad interior y regula la intervención del gobierno en la materia.
Plantea dos supuestos: cuando el Presidente de la República así lo determine, y a petición de las legislaturas estatales o de los gobernadores. Sobre la intervención de las autoridades federales, se establece la participación progresiva y gradual del gobierno federal y se dará la intervención a la Fuerzas Armadas como último recurso del poder nacional.
“Se garantizará a sus habitantes contar con un marco jurídico que responda de manera eficaz ante las amenazas de la seguridad interior, desde una perspectiva actualizada e integral que permita hacerle frente a los nuevos desafíos”, dice.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, llamaron a los legisladores a aprobar lo antes posible la iniciativa del PRI.
Sales rechazó que se pretenda militarizar al país. El mando militar sigue siendo de un civil; es decir, el Presidente de la República, recordó. Precisó que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es temporal.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Baja, el panista Jorge Ramos, recordó que él también presentó una iniciativa en la materia en noviembre del 2015 que busca darle a las Fuerzas Armadas un marco legal para que actúen en plenitud con todo el potencial que tienen para contribuir en la seguridad del país.
Además, describió que en esta ley no puede quedarse de lado el respeto a las garantías individuales, así como los derechos humanos. Pero dijo que también se debe definir la periodicidad de la intervención para saber cuándo llegan los militares y cuándo se retiran; así como definir el nivel de competencia en coordinación con las autoridades con que van a actuar.
“Es un tabú que ahora se reabre y es fundamental para poder, en los trabajos de seguridad la alianza de las Fuerzas Armadas, tener un marco legal que no los desgaste y que lleguen a contribuir en un marco que los proteja y que favorezca los resultados. En el sustento de la iniciativa comento que las Fuerzas Armadas han vivido un desgaste desde que se están utilizando para seguridad porque el marco regulatorio que se tiene es muy débil y se tienen soldados y marinos sujetos a procesos penales u observados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no me parece justo que estén utilizando a una institución tan prestigiada para atender temas civiles y no se les dé el respaldo legal para que contribuyan sin desgaste”, aseguró el diputado panista tijuanense.
Describió que sin este marco, hay estados de la República donde las fuerzas federales se están conteniendo en su actuación. “Se está administrando mucho en perjuicio de la seguridad la intervención, y no los culpo, porque terminan tras la cárcel o procesados o señalados por la CNDH, es decir, se está disminuyendo la capacidad de fuerza que tiene el Estado mexicano a través de las Fuerzas Armadas”.
