La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe sobre las condiciones en las que operan los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en el que detalla que existen situaciones de riesgo como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno; a la legalidad y a la seguridad jurídica; a la protección de la salud y a la integridad personal.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) emitió el informe 9/2016 tras realizar visitas a ocho CEFERESOS varoniles; el Complejo Penitenciario “Islas Marías” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) durante septiembre y octubre de 2016.
En estos centros de reclusión el MNPT detectó que existen escasas actividades para alcanzar la reinserción social, además de que las personas se encuentran recluidas en lugares con deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación.
El informe alerta sobre la existencia de "inconveniente comunicación con personas del exterior" y destaca que en los Ceferesos existe una incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos, inadecuada separación y clasificación de personas privadas de la libertad.
El MNPT observó falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los lugares de detención e internamiento, en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En los centros visitados se corroboró que hay escasez de personal médico, equipo y abasto de medicamentos y los detenidos son sometidos a práctica de exámenes médicos sin condiciones de privacidad.
Las instalaciones de los centros visitados no tienen accesos para personas con discapacidad física.
La CNDH asegura que los Ceferesos no cuentan con suficiente personal de seguridad y custodia y falta implementar programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención y contra las adicciones.
El MNPT realizó entrevistas con los servidores públicos que se encontraban a cargo al momento de las visitas y con personal médico, jurídico y de seguridad.
También se aplicaron cuestionarios y entrevistas anónimas a las personas privadas de su libertad.