El gobierno de la República informó que en poco menos de un año, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura ha registrado la existencia de 4 mil 713 averiguaciones previas abiertas en todo el país relacionadas con ese ilícito.
En respuesta a las preguntas planteadas por el PRD al Poder Ejecutivo con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el Ejecutivo reportó que desde su creación –en octubre de 2015– al 14 de noviembre pasado, la Unidad recibió de las delegaciones estatales de la PGR y denuncias ciudadanas información sobre esas averiguaciones, pero han quedado a la fecha en mil 809 expedientes de investigación.
Para 274 expedientes se detectó que eran duplicados o triplicados; 164 expedientes fueron enviados por incompetencia a otras autoridades, al no tratarse de delitos relacionados con el de tortura y en dos casos se autorizó el no ejercicio de la acción penal.
En el caso de 783 actas circunstanciadas sí se elevaron a rango de averiguación previa para el perfeccionamiento de la investigación de los hechos y en el caso de 539 actas circunstanciadas se dio inicio a números de atención y/o carpetas de investigación para el perfeccionamiento de las investigaciones.
En su respuesta, el Ejecutivo ofreció combate frontal a la impunidad de este delito y que cuando se acredite que fue cometido por cualquier servidor público en agravio de civiles, “ya sea que los agresores sean miembros del Ejército Mexicano, de la Policía Federal o de la Marina Armada de México, se ha ejercitado y se ejercitará la acción penal correspondiente ante los Tribunales Federales del fuero civil competentes”.
Destacó que actualmente se trabaja en la implementación de mecanismos que permitan documentar la actuación de los elementos policiales.
Pero “estos esfuerzos deben complementarse con un mejor marco normativo en materia de uso de la fuerza a partir de las aportaciones que se hagan desde el Poder Legislativo”.
AUMENTAN HOMICIDIOS DOLOSOS
En su respuesta a las preguntas del PAN relativas a inseguridad pública, el Ejecutivo federal reconoció que “en los últimos meses ha habido un incremento en el número de homicidios dolosos en el país”.
Aun así, estableció que las denuncias por ese tipo de delito en los primeros nueve meses de 2016 (15 mil 201) “son 8.7% menores a las presentadas en el mismo periodo de 2012 (16 mil 652)”.
“El Gobierno de la República reconoce que persisten retos en algunos municipios, estados y regiones del país en donde ha aumentado el delito de homicidio doloso durante 2016” y expuso que el incremento se debe, sobre todo, a la debilidad de las policías municipales y estatales.
Las razones principales de esta alza, según la respuesta del Ejecutivo, son la debilidad institucional local para combatir nuevas células delictivas del fuero común y la falta de policías locales en mil 800 municipios de los 2 mil 450 que existen en el país.
“La mayoría de ellas no cuentan con las capacidades para combatir a los grupos criminales y contener la delincuencia”, añade el Ejecutivo.
Además, señaló como otro de los factores el cambio recurrente en los gobiernos locales, pues “generan desequilibrios y no dan continuidad a esfuerzos emprendidos”.
En el escrito entregado al Senado el jueves pasado se destacaron como algunas de las acciones para contrarrestar el aumento de homicidios dolosos el combate focalizado en los 50 municipios que concentran el 42% de los homicidios dolosos en el país, “los cuales son gobernados por todas las fuerzas políticas”.
En cada uno de ellos se ha desplegado personal capacitado y se definen acciones focalizadas.
La solución de fondo “es contar con corporaciones de seguridad locales sólidas, con criterios homologados en su profesionalización, en su equipamiento y en sus protocolos de actuación” y para ello –establece el texto– es necesaria la reforma constitucional en materia de seguridad pública, que plantea entre otras cosas la creación de esquemas de operación y coordinación policial más eficaces.
Eso haría realidad una reforma que dote a México de corporaciones policiales “más fuertes, más profesionales, y mejor capacitadas para garantizar la seguridad en cada rincón del territorio nacional”.
