Un grupo de 18 integrantes del Ejército que se encuentran sentenciados hasta con 31 años de prisión o bajo procesos penales hicieron un llamado al Poder Judicial, al Congreso de la Unión y al presidente Enrique Peña Nieto, para que se de certidumbre jurídica a las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico.
En una carta advierten que fueron utilizados por el Estado al sacarlos de sus cuarteles para realizar trabajos de seguridad sin un marco jurídico y sin la preparación necesaria, y que ellos están entrenados para otras situaciones.
“El señor Felipe Calderón, ex comandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado, aunque con un poco de condescendencia podríamos aceptar que fue dicho de buena fe, amén de la confusión que generó y sus trágicas consecuencias”.
En el texto fechado en la prisión del Campo Militar 1-A, capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos cabos y soldados sentenciados aseguraron que el narcotráfico fue un experimento fallido que dejó víctimas colaterales, entre otros, ellos mismos.
En el documento en poder de EL UNIVERSAL, indican que los daños colaterales causados por la salida de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles se debe a que no recibieron la capacitación para hacer las funciones de seguridad, que corresponden a las policías.
“Es nuestro deseo abandonar nuestra postura y pedir por conducto del medio que se nos escuche, que nos preste un poco de su atención la persona que en turno dirige la nación, el Poder Judicial y más que nadie el Honorable Congreso de la Unión, que es donde está reunida la voluntad general.
“Nosotros, los militares de la primera línea, de soldado raso a capitán, fuimos ‘usados’ por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.
Ante la situación de inseguridad por la que atraviesa el país y su salida a las calles para hacer frente a las organizaciones criminales, los firmantes cuestionan qué manual tendrían que aplicar. “Nuestra doctrina militar dice que para la conducción de operaciones para el mantenimiento del Estado de derecho deben utilizarse los manuales militares y la pregunta es ¿cuál manual? ¿El de guerra irregular, el de táctica de operaciones especiales? ¿Cuál?”.
En seis cuartillas comentan que fueron empleados en funciones que por ley correspondían a otras autoridades y, aunque acudieron al llamado con toda la voluntad, no fue suficiente.
“No basta una buena intención, es necesaria una completa capacitación y la indefectible certidumbre jurídica”, aseguran.
Advierten que fueron instruidos para una guerra irregular, con tácticas de armas y operaciones especiales.
Indican que su situación en prisión se debe a injusticias que parten de un punto: “Fuimos usados por el Estado mexicano; se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente.
“Fue esa guerra la que hizo que el Ejército realizara una función para la cual no fue instruido, dando pie a una obviedad: los ‘errores’, mejor conocidos como daños colaterales, y es por esos daños que se siguen procesos y se han dictado sentencias a muchos militares”, explican.
Los firmantes mencionan que los jueces que llevan sus casos y el aparato de gobierno “no alcanzan a comprender la ingente diferencia entre deber ser y poder hacer, de donde se desprende que es cierto que todos debemos procurar el bienestar público, pero que sólo podrán hacerlo aquellos que estén capacitados para ello”.
Señalan que los jueces no toman en cuenta que no fueron capacitados para hacer labores que no les correspondían y que por su naturaleza ese deber encomendado por el entonces presidente Felipe Calderón, “no se iba a cumplir satisfactoriamente”.
La carta termina retomando algunas frases que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha emitido en algunos actos públicos.
¿Qué opina el secretario de la Defensa?
“Estamos haciendo una función para la cual no estamos preparados, no es nuestra función. Ninguno de nosotros vino a las Fuerzas Armadas para hacer esto, estamos aprendiendo sobre la marcha”, dijo.
A ello se preguntan los firmantes: “Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dados a conocer por EL UNIVERSAL el pasado martes indican que en los últimos 10 años, 389 militares fueron procesados por alguna conducta que violó los derechos humanos de personas civiles. De ese total, 53 fueron sentenciados a prisión, 118 están bajo proceso, 192 se encontraban en calidad de indiciados, ocho fueron absueltos y 18 están prófugos.