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El gobierno mexicano ha rechazado hacer pública una revisión interna que concluyó que investigadores violaron la ley en su búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hallazgo que amenaza los fundamentos legales de un caso que ha marcado a México, informó The New York Times.
El reporte señala que los principales sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, cuestionando así cualquier evidencia que estos hayan podido proporcionar. El comportamiento de los investigadores, según señala el informe gubernamental, violaba “el derecho a la verdad” y dañaba el derecho a la justicia de las víctimas.
De acuerdo con el diario estadounidense, el reporte interno proporciona la primera evidencia, desde el interior de la Procuraduría General de la República (PGR), que muestra cómo el caso fue mal manejado.
El informe de 177 páginas concluyó hace cuatro meses, y los padres de los estudiantes desaparecidos esperaban recibirlo durante su reunión con la procuradora Arely Gómez, el pasado 18 de agosto.
Sin embargo, el inspector general de la PGR les dijo que sus superiores necesitaban aprobar el informe primero, lo que catalogó como “una simple formalidad”, pero la aprobación nunca se dio.
El informe aún está siendo estudiado, según informó la Procuraduría sin detallar cuando finalizaría dicha evaluación.
César Alejandro Chávez Flores, el inspector general que preparo el informe, incluso renunció un mes antes de la reunión en agosto entre los padres de los normalistas y la procuradora.
De acuerdo con el NYT, que obtuvo una copia del informe, el documento enlista una serie de violaciones, incluyendo una ocasión en la que el entonces director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, hizo un recorrido a la presunta escena del crimen con uno de los sospechosos, esposado y sin su abogado defensor.
Dicho recorrido nunca fue registrado en el archivo del caso y el lugar fue dejado sin vigilancia durante la noche.
Pero la PGR dijo que se le impidió publicar el informe por razones legales. El inspector general que sucedió a Chávez Flores no "reconoció" las conclusiones del informe porque, dijo, carecía de formalidades obligatorias no especificadas.
“Por ello, es un documento que legalmente no existe”, dijo la vocera Natalia Briseño al diario estadounidense y señaló que la investigación del informe continúa.
La posibilidad de que el informe sea eliminado preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está evaluando el progreso del caso y ha presionado al gobierno para que abra nuevas líneas de investigación, afirma el diario.
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