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Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior que se encuentran en discusión en el Congreso de la Unión representan una "amenaza para los derechos humanos” al querer darle a las Fuerzas Armadas marco jurídico para que permanezcan en las calles en labores de seguridad.
En un comunicado, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C., la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos de la Montaña “Tlachinollan” A.C. y el Colectivo Contra la Tortura e Impunidad (CCTI) indicaron que aprobar las iniciativas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) “desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.
Explicaron que la aprobación de una ley de este tipo permitiría la participación directa del Ejército en actividades con base al artículo 129 de la Constitución Mexicana, y “permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste”.
Sostuvieron que con esas propuestas, las Fuerzas Armadas tendrán más campos de actuación sin controles ni rendición de cuentas, lo que generaría un escenario de impunidad en el país.
“Lo anterior resulta especialmente grave ante las mismas declaraciones realizadas por el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien señaló que ellos no saben perseguir delincuentes; es decir, no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana”, enfatizaron.
Las organizaciones firmantes expresaron que es preocupante que puedan ser aprobadas las iniciativas que se encuentran en el Congreso de la Unión “ya que representa una puerta abierta para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, así como un respaldo legal hacia las mismas, ante tareas de seguridad que no es posible que sean atendidas por el régimen militar”.
“Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de iniciativas y exigimos que puedan crearse soluciones que no representen la militarización de territorios. La militarización en el país no ha resultado una solución para la atención de la violencia ni para la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, ha sumido al país en una grave crisis de derechos humanos”, agregaron.
