Diez años después de que México declaró la guerra al narcotráfico, la ofensiva ha causado la división de algunos cárteles importantes y el encarcelamiento de muchos capos de la vieja guardia, como Joaquín "El Chapo" Guzmán, pero ha ayudado poco a reducir la violencia y la delincuencia en ciertas regiones del país.

Algunos dicen que esa guerra ha sido una medida crucial pero fallida. Otros aseguran que la ofensiva que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006 desató una tragedia innecesaria que ha dejado más de 100 mil muertos y unos 30 mil desaparecidos, un saldo comparable al de los conflictos armados internos de la década de 1980 en América Central.

En algunos lugares, las tasas de homicidios han disminuido, mientras que en otros continúan sin control. Este conflicto interminable también ha tenido profundas secuelas en aquellos cercanos a los focos de sufrimiento: jóvenes habituados a la violencia extrema; adultos que hartos de una policía deficiente y corrupta tomaron las armas y crearon autodefensas; y familias que actúan juntas ante la incapacidad de las autoridades para encontrar a sus parientes desaparecidos.

Un funcionario policial del estado de Tamaulipas dijo a The Associated Press que se topa seguido con jóvenes convertidos en gatilleros de cárteles y cuyo oficio no les causa remordimientos. De hecho, esos jóvenes ven los asesinatos como la mejor manera de costearse cosas, como teléfonos celulares, vehículos y novias.

"Les pregunto: '¿Qué aspiraciones tienes?', y la respuesta que me dan es 'ser jefe de estacas y tener un narcocorrido''', afirmó el funcionario que solicitó el anonimato. "No tienen otra aspiración más, a pesar de que saben que su tiempo de vida es muy corto".

El funcionario recordó el caso de un chico de 16 años que secuestraba, mataba y mutilaba a sus víctimas y después se tomaba selfies con los cadáveres desmembrados. Tras una década de guerra contra el narcotráfico, la violencia es la única realidad conocida por su generación.

"Los chamacos, los de ahorita, de 14 años en adelante que pueden ser los detenidos, han vivido dentro del delito; es decir, viven en algo que para ellos es completamente normal", agregó el funcionario.

En la actualidad, el estado afronta un nuevo desafío: muchos de los asesinos a sueldo de mayor edad que estaban al servicio de los cárteles y fueron enviados a prisión, sólo recibieron condenas por delitos menores relacionados con armas de fuego porque los fiscales a menudo no logran demostrar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado o lavado de dinero; algunos son excarcelados y vuelven a las andadas.

Aunque Tamaulipas se ha calmado un poco después de que alcanzara niveles horripilantes de asesinatos en 2010-2012, aún hay balaceras, fosas clandestinas y pilas de muertos, sólo que con menor frecuencia.

Los arrestos y muertes han fracturado al violento cártel de los Zetas en Tamaulipas, aunque el resultado ha sido una decena de facciones más pequeñas que pelean por territorios.

"En este momento, si hay algo bueno en esta situación, es que estos grupos ya no tienen tanto poder", dijo el exagente del FBI, Arturo Fontes. "Están divididos, por eso hay bastante caos".

Las fuerzas armadas de México han tenido que involucrarse en el conflicto debido a la corrupción o desconfianza hacia la policía. Esta situación ha acarreado pérdidas de vidas a los militares, quienes con frecuencia son emboscados y acusados de perpetrar ejecuciones ilegales de presuntos miembros de cárteles narcotraficantes en algunos casos.

El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, subrayó que la participación del ejército sería sólo temporal mientras se efectuaban cambios en las policías.

"En 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas", dijo Cienfuegos. "No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes", agregó.

Calderón dio inicio a su ofensiva contra el narco con el envío de efectivos a su estado natal de Michoacán, donde la organización delictiva la Familia Michoacana y después el cártel de los Caballeros Templarios dominaban muchos aspectos de la vida cotidiana, como indicar a los habitantes cuándo debían recoger las cosechas y determinar el precio de sus productos. Esas organizaciones delictivas extorsionaban a todos los sectores económicos del estado.

Diversos civiles formaron grupos de autodefensa y se dieron a la tarea principal de perseguir a los Caballeros Templarios, aunque otras organizaciones criminales han sentado sus reales desde entonces.

"Estamos igual en cuanto a la inseguridad, el crimen", dijo Hipólito Mora, fundador de uno de los grupos de autodefensa. "El gobierno tiene que hacer más, tiene que combatir la corrupción que tiene adentro. Sin eso, no va a funcionar nada. Es que es la corrupción dentro del gobierno que permite que haya tolerancia al crimen organizado", agregó.

Al mismo tiempo, Mora, que también posee una huerta de limones, señaló que los nuevos cárteles ya no intentan dictarle cuándo hacer las cosechas ni incendiar las bodegas de las personas que los desobedecen.

Hay grandes avances tangibles en lugares como Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas. En Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, había un promedio de 10 homicidios diarios durante el periodo más violento que vivió la urbe de 2008 a 2010. En Chihuahua, los homicidios han disminuido dos tercios desde que se intensificaron las acciones policiales en 2010.

Sin embargo, en algunos lugares las cosas al parecer han empeorado.

En el estado de Guerrero, en el sur del país, las autoridades informan de manera rutinaria sobre macabros descubrimientos: fosas comunes con cadáveres de víctimas secuestradas, cabezas humanas arrojadas en lugares públicos y agentes federales quemados vivos en una carretera. El otrora glamoroso puerto turístico de Acapulco es hoy una de las ciudades más peligrosas del mundo.

En Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en 2014, las familias de otros desparecidos tuvieron el arrojo de formar un grupo para buscar ellos mismos a sus seres queridos.

A la fecha han encontrado fosas clandestinas y conseguido que las autoridades exhumen 18 cadáveres, una medida que aclara a esas familias la suerte de sus seres desaparecidos en casos que la policía suele archivar de manera rutinaria.

Aunque el gobierno ha creado grupos de apoyo para las víctimas y mejorado su manejo de las investigaciones y de los cadáveres, son los grupos civiles como Los Otros Desaparecidos los responsables de esas pequeñas victorias.

"Aquí sí se puede decir que hubo algo bueno. ¿Sabes qué ha sido? El despertar de las víctimas decididas a provocar algo", dijo la cofundadora del grupo, Adriana Bahena, cuyo esposo

desapareció en 2011.

Raúl Benítez, especialista de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que Calderón tenía razón en combatir a los cárteles, pero señaló que el gobierno ha fracasado en erradicar la corrupción en sus propias filas. "Sin eso, la estrategia siempre va a fallar", apuntó.


ml

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