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La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, advirtió que “de aprobarse el proyecto de ley de réplica, ésta se puede convertir en una forma de acoso judicial porque no está garantizando hacer valer su derecho ni está garantizando la libertad de expresión”.
Gómez Gallardo detalló que el derecho de réplica se establece como un mecanismo intermedio antes de judicializar los temas y que se entiende que sea necesaria una regulación que atienda situaciones en donde existan prácticas de información inexacta o imprecisa, pero aseguró que sería muy grave que se llegue al punto de que a una persona simplemente no le parezca la información y se pierda la crítica, la pluralidad y la libertad de expresión como una forma de crear contenidos diversos.
La ómbudsman dijo que se observa una sobrerregulación, una carga de la prueba incluso a la persona que quiere hacer valer su derecho a réplica, y que ésta no es equilibrada.
Indicó que es una situación de ambigüedad, porque cuando exista un conflicto será una autoridad la que determine si una opinión fue agraviante, “pero no sólo agraviante, sino agraviante siendo exacta y eso es lo grave, decir que si alguien no miente y si a una persona que fue acusada por corrupción se le diga corrupto imagínense que esta persona diga: me agravió, no puedes decir que soy corrupto aunque haya una sentencia que lo haya dictaminado”.
La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal resaltó que este proyecto presenta una serie de ambigüedades que pueden obstaculizar el ejercicio de los medios de comunicación, de los medios alternativos, “debemos ver que este tema no se judicialice, que no se convierta en una nueva forma de censura, porque sería grave”.
En este sentido, Gómez Gallardo dijo que sí hay límites en cuanto a no utilizar la injuria o falsear información, porque “la injuria no comunica” y mencionó que lo más riesgoso de esta iniciativa es que “pueda obstaculizar el ejercicio de los medios [de comunicación]”.
Confió en que el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abra una discusión más amplia, “que se anticipen escenarios, porque una buena intención no necesariamente puede acabar en una resolución que garantice la libertad de expresión y el derecho del honor o la imagen de las personas cuando quieren hacerlo valer ante un medio [de comunicación]”.
La defensora de derechos humanos lamentó que en una sociedad que no garantiza la integridad física del comunicador debido al número de periodistas agredidos —asesinados y desaparecidos—, ahora, a través de la vía judicial, se les sigan quitando derechos: “Ahora el periodista ni siquiera tendría un esquema de respeto a su integridad, a su seguridad cuando está difundiendo información incómoda a intereses públicos.
