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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Expertos en materia de transparencia, académicos e historiadores advirtieron sobre riesgos e inconsistencias en la propuesta del Senado en materia de Ley General de Archivos, que incluso representan una amenaza a los sistemas de transparencia y de combate a la corrupción.
Durante las audiencias públicas para revisar la iniciativa, organizadas por el Senado, Mauricio Merino, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que es inadmisible que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, por lo que pidió que el Archivo General de la Nación tenga autonomía técnica y se aleje del control político.
“No permitamos que al final del enorme esfuerzo para tener un sistema de transparencia y corrupción, nos tropecemos con la Ley de Archivos, poniendo en manos del poder político los archivos.
“Admitamos que la discusión no responde a criterios técnicos, responde a la insistencia del gobierno federal para mantener a la Secretaría de Gobernación con el control de todos los archivos del país”, aseguró.
Lourdes Morales, directora de la Red de Rendición de Cuentas, coincidió en que se debe sacar a la Secretaría de Gobernación del control de los archivos y fortalecer al Archivo de la Nación. Para ello, propuso que sea el Senado el que designe a su titular y se le otorguen los recursos necesarios, porque en el Presupuesto 2017 se le quitó al Archivo 87% de sus recursos.
Pidió que los comentarios de las organizaciones sean tomados en cuenta para cambiar el dictamen y no sea sólo un
checklist de asistencia.
El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, expresó que el Archivo debe transformarse en un organismo descentralizado, con autonomía orgánica y funcional.
Advirtió que en la propuesta no se establecen los mecanismos de consulta, la obligatoriedad o los plazos para su aplicación; dijo que se deben considerar archivos históricos los documentos que den cuenta de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Alfredo Ávila, pidió que se revise el artículo 14 transitorio que dice que los documentos serán revalorados por instancias federales y estatales para ver si tienen valor histórico: “Se trata de una cosa peligrosísima; sería una oportunidad para expurgar documentos en el mejor estilo de las quemas de los códices del siglo 16”.
