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México tiene un patrón de detención arbitrario y hace caso omiso de las observaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas sobre las violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos, denunciaron presentadores del Informe Detenciones Arbitrarias e Ilegales Criminalización: una Política de Estado para inhibir la Defensa de los Derechos Humanos en México.
En total, 11 organizaciones civiles nacionales e internacionales participaron en la elaboración del informe que documenta las arbitrariedades cometidas contra cinco defensores de los derechos humanos, tres de ellos aún en prisión.
Se trata de los casos de Nestora Salgado García, Pedro Celestino Canché Herrera, Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña —estos tres últimos, aún privados de la libertad.
Ivi Oliveira, coordinadora de Protección para América Latina en la organización Front Line Defenders, exigió la liberación de los defensores y acusó a las autoridades de no acatar las recomendaciones realizadas por Naciones Unidas.
“Han sido víctimas de incomunicación; han sido víctimas de tortura; han sido sujetos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, dijo al referirse a los defensores que permanecen encarcelados.
Oliveira acusó a las autoridades de no actuar “ante las detenciones arbitrarias” de los defensores de derechos humanos.
“México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales; hay varias recomendaciones [de la ONU] que no está atendiendo. Es una falta total de compromiso con la comunidad internacional y con su propia población.
“México habla de sus compromisos con los derechos humanos cuando fuera del país se vanagloria de ser un defensor de los derechos humanos cuando está a nivel internacional; es importante denunciar que no está cumpliendo”, dijo.
Yésica Sánchez Maya, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca, aseguró que sólo en la entidad se han documentado 77 casos de detenciones arbitrarias de personas, quienes además de haber sido privadas de la libertad fueron torturadas durante la detención y en prisión.
Sánchez Maya solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fije una postura respecto a las recomendaciones que realizó la ONU: “Hacemos un llamado a CNDH a que se apropie. No ha emitido recomendación o realizado algún tipo de acción”.
En la presentación del informe, realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), estuvieron presentes Jesús Lemus Barajas, periodista encarcelado en el penal de Puente Grande durante el gobierno de Felipe Calderón, y Víctor Hugo Carlos, coordinador del Área de Educación del Centro Prodh.
Los presentadores insistieron en la necesidad de liberar inmediatamente a los tres defensores que continúan en prisión —Damián Gallardo Martínez, Librado Jacinto Baños Rodríguez y Enrique Guerrero Aviña—, quienes son acusados de delincuencia organizada y secuestro. También exigieron a las autoridades que Nestora Salgado deje de ser perseguida.
