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Washington.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió elevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de tres supuestas desapariciones forzadas en México, después de que el gobierno incumple con su deber de buscar a las víctimas y esclarecer el caso en un plazo razonable.
Se trata de la desaparición de tres primos, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales, en el Ejido Benito Juárez, estado de Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009. Hasta hoy, todavía no se conoce el paradero de las víctimas.
“Este caso constituye el primero en cuanto a la desaparición forzada en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México (…) una problemática actual que ha venido en aumento en los últimos años y que ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación”, expuso la CIDH en un comunicado.
La comisión explicó que las tres víctimas fueron privadas de su libertad por parte de militares, y cuando los familiares fueron en búsqueda de respuestas y explicaciones, “se activaron mecanismos de encubrimiento”. Además, del informe se extrajo que también “hubo violaciones a los derechos humanos de familiares, derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos”.
Anteriormente, la comisión había recomendado al Estado mexicano investigar “de manera completa, imparcial y efectiva” el paradero de las víctimas y, de ser el caso, “adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares los restos mortales según sus deseos”.
Las fallas en el proceso, “tanto respecto al esclarecimiento y la individualización, y sanción de los responsables”, llevaron a la CIDH a elevar el caso a la Corte IDH, con sede en Costa Rica y jurisdicción para aplicar una sentencia vinculante.
“Los hechos del caso constituyen un ejemplo de los factores que contribuyen a que esta grave violación de derechos humanos tenga lugar en ese contexto y que no sea debidamente investigada y sancionada como consecuencia de múltiples mecanismos de encubrimiento y obstrucción”, apuntó el organismo.
La Corte IDH tiene la posibilidad de pronunciarse sobre otras violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que sufren los núcleos familiares de las víctimas desaparecidas.
“México debe adoptar medidas para responder a la problemática de la desaparición forzada y su especial incidencia en el estado de Chihuahua”, recomendó en su comunicado la CIDH, así como asegurar que las autoridades de la justicia penal militar “se abstengan de obstaculizar investigaciones” en esos casos.
