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Sin duda son variadas las opiniones expresadas en relación con el tema del secuestro en México, pero en un punto en específico todas ellas coinciden: el secuestro es, entre todos los delitos, el que más agravia a la sociedad, no sólo por su impacto en la persona que directamente es víctima, sino por el daño que en conjunto hace a su núcleo familiar, social e incluso regional. Hablar entonces de la situación que presenta la comisión de este delito en nuestro país nos lleva de inmediato a un tema de cifras y ello es solamente una parte de todo el fenómeno.
El primer referente cuando se habla del delito de secuestro es preguntar cómo van las cifras, qué estados ocupan los primeros lugares en cuanto a incidencia y cuál es el número de casos por cada cien mil habitantes. En este punto resulta complicado, entonces, dar respuestas satisfactorias, pues luego de hablar de número de casos y de cuáles son los estados con mayor índice delictivo, necesitamos justificar qué se viene haciendo para enfrentarlo, perseguirlo y sancionarlo.
Es por ello que para entender cuál es la situación actual del secuestro también necesitamos saber cuáles son las acciones que las instituciones del Estado, tanto locales como federales, vienen llevando a cabo y de esta manera tener una visión global que permita también observar lo que ha dado éxito, lo que falta por hacer y lo que definitivamente se ha hecho mal y tenemos que corregir, en el entendido de que un solo caso justifica el seguimiento de las acciones.
Comenzaré por mencionar lo que, considero, estamos haciendo correctamente: coordinarnos. Hoy tenemos a nivel país treinta y dos UECS o Unidades Especializadas Contra el Secuestro, una por cada estado, y una a nivel federal, todas ellas encabezadas por un titular del Ministerio Público capacitado y que ha pasado por un proceso de control de confianza, los cuales trabajan de manera coordinada entre sí, que comparten información y que se comunican con inmediatez y eficacia para dar respuesta y atención a los casos de secuestro de los que tienen conocimiento. En varios estados se cuenta también con subsedes que permiten su accesibilidad para denunciar.
Se están vinculando las diversas autoridades, instancias y encargados de manejar información y herramientas útiles para la eficaz investigación del delito, bajo una visión integradora que suma para resolver y para desarticular grupos delictivos que una vez desmembrados no puedan volver a conformarse para continuar delinquiendo.
Hemos coincidido también en que el papel que juegan las instancias federales y estatales en los tres niveles de gobierno es de corresponsabilidad y que sólo actuando de manera conjunta, apoyando por supuesto la Federación, pero con el trabajo de los estados y municipios, estamos logrando resultados satisfactorios y visibles en menor plazo.
Una vez que el delito ha sido cometido, que el agravio, la lesión al bien juridico y, consecuentemente, la afectación al bien social se ha producido, debemos concluir que la prevención ha fallado, que las medidas de cuidado por parte de la seguridad pública o las de autocuidado de la víctima no fueron suficientes ni bastantes para evitar la comisión del delito y menos aun respecto del sujeto que lo cometió (por la existencia de un núcleo criminógeno, falta de oportunidades, carencia de vínculos familiares o sociales de soporte).
Es entonces que regresamos al punto anterior, el delito como cifra estadística que nos preocupa en lo inmediato y nos obliga a actuar solamente en la persecución, pero que hoy nos lleva a reflexionar y trabajar en el análisis de lo que está sucediendo para hacer prevención.
En este aspecto, especial relevancia tiene el atender el fenómeno delictivo de manera global; por ello también se está trabajando en el análisis de delitos como la extorsión en sus diferentes modalidades, por ser éste una vertiente utilizada por la delincuencia.
Prevenir, perseguir y luego de esto sancionar, en un círculo virtuoso del trabajo de las autoridades frente a la comisión de un delito, especialmente de un delito grave como lo es el secuestro, requiere no solamente de saber que se habla hoy de módulos especiales para personas sentenciadas por la comisión de este ilícito, sino más allá de la sanción, que el Estado y la sociedad en conjunto todavía estamos trabajando con temas como el rezago social, la reinserción y la reparación integral a las víctimas del delito.
Sólo podremos seguir fortaleciendo las acciones emprendidas desde la estrategia nacional si contamos con la firme y sincera convicción de las y los servidores públicos involucrados, principalmente los titulares de los gobiernos de los estados, de subsanar los rezagos, fortalecer las áreas de seguridad, procuración y administración de justicia, y de dotar a sus operadores de las herramientas que les son indispensables para desempeñar una eficiente labor contra el delito. Es en este punto en el que destaca la labor que las organizaciones de sociedad civil llevan a cabo y colaboran para que nuestro trabajo sea cada vez mejor, mediante su participación crítica e incluso con su acompañamiento para destacar lo positivo y poner énfasis en lo que falta por hacer, pero con la certeza de que lo que antes eran acciones aisladas en el combate al secuestro, hoy se cuenta con una visión integral y organizada para enfrentarlo.
Coordinadora Nacional Antisecuestro (Segob/Conase)
Gráfico animado. Línea de tiempo secuestro en México:
