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En el Senado, PRI y PRD establecieron sus argumentos contra la iniciativa de posesión de armas de fuego en el domicilio particular, el trabajo y el vehículo particular, con lo cual, el proyecto de Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) queda sin el apoyo necesario para su aprobación.
Iniciador del proyecto de reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Jorge Luis Preciado, por su parte, informó que la próxima semana se llevará a cabo un foro abierto a las dos posturas sobre la posesión de armas de fuego, en el que participará John R. Lott Jr., académico de la Universidad de Yale y autor del libro Más armas menos crímenes.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Ernesto Gándara Camou (PRI), sostuvo que “las cosas
de la justicia no se solucionan por propia mano con medidas legislativas de reacción al momento, sino con un trabajo de largo plazo de fortalecimiento de las estructuras encargadas de la paz y tranquilidad de la sociedad”. El priísta Gándara dijo que las armas de fuego “son instrumento de muerte, y nosotros no queremos muerte, queremos vida, instituciones fuertes, en particular las de seguridad pública que se encarguen de la defensa de la sociedad.
“Los ciudadanos están para debatir, para exigir sus derechos, para participar en los asuntos comunes, pero no para estar armados en situaciones de defensa, en ningún sentido”, afirmó el senador sonorense.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez (PRD), estableció que la actual crisis de violencia e inseguridad pública de ninguna manera puede ser resuelta con una sociedad armada.
“La portación de armas de fuego no desalienta a criminales”, dijo con base en estadísticas de Estados Unidos, en las que por cada presunto delincuente abatido en legítima defensa, murieron 34 víctimas, en 2012.
Por cada homicidio justificado con arma de fuego, se registraron 32 homicidios dolosos cometidos, de igual forma, con armas de fuego, dijo de la Peña Gómez, según datos de la organización estadounidense Violence Policy Center.
Para responder a la responsabilidad del Estado de garantizar seguridad, el Congreso debe discutir la formación de cuerpos de seguridad profesionales, equipados tecnológicamente, con salarios dignos y supervisados por órganos internos para erradicar la corrupción, expuso.
