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El mal uso de datos personales por parte de distintas empresas alcanzó los 263 millones de pesos en multas, informó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Acuña Llamas, cuyas sanciones se interpusieron entre 2002 y octubre de 2016.
“Las multas van a servir para generar conciencia crítica y para provocar conductas correctas, convenientes; mucho mejor que no haya sanciones y que haya hábitos consecuentes, permanentes y responsables, de todas las empresas y de los integrantes del sector”, expuso.
Acuña Llamas participó en el Foro Fiscal y Legal de la Expo Finanzas, organizado por el Corporate Finance Summit, donde subrayó que el sector financiero —entre ellos bancos— y de seguros es al que más multas se les han impuesto.
Son 147 millones de pesos en multas los que se han impuesto al sector financiero y de seguros por violar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
“Esto es tan solo un punto de partida, pero ¿cuáles son los que llevan la mano y por mucho?: son los financieros, son los más vulnerables para demostrar sus errores, sí, porque constantemente emiten mensajes, llamadas, situaciones de cobro o de requerimiento que dejan reporte o de actualidad de saldos que dejan evidencias por todos lados”, declaró Francisco Acuña.
Sin aval de los titulares. Acuña Llamas puntualizó los principales incumplimientos a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, entre ellos el dar tratamiento a los datos en contravención a los principios establecidos en la ley en la materia, con énfasis en el incumplimiento del principio de calidad.
Sobre este incumplimiento, explicó que se demostró que los responsables omitieron verificar que los datos personales recabados fueran exactos, correctos, completos y actualizados.
Otro de los incumplimientos es recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, y como ejemplo, el comisionado del Inai citó los casos en los que las instituciones financieras obtuvieron datos personales patrimoniales y los traspasaron a administradoras de fondos para el retiro sin contar con el aval para tal efecto.
