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Para limitar el aprovechamiento de los recursos que obtuvo de manera ilícita el Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) congeló 112 cuentas bancarias y aseguró cinco empresas y cuatro propiedades relacionadas con la red de amigos, familiares, ex servidores públicos y personas imputados en los hechos delictivos por los de se le persigue al mandatario.
Esta estrategia se implementa para evitar que el Gobernador prófugo de la justicia y sus cómplices utilicen los recursos presumiblemente obtenidos de manera ilícita.
La PGR informó que hay 75 indagatorias contra el mandatario buscado por la probable comisión de los delitos de Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal.
De estas 75 indagatorias, 32 fueron iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la contratación de "empresas fantasma", las cuales no existían o se dedicaban a giros diferentes a los señalados y recibieron millones de pesos por servicios o productos que nunca fueron abastecidos a la población veracruzana.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 43 denuncias por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos.
La PGR solicitó y obtuvo nueve órdenes de aprehensión derivadas de estas indagatorias, dos de ellas ya cumplimentadas contra las hermanas Arzáte Peralta.
La dependencia informó que tiene asegurados dos predios en Lomas de Chapultepec y Polanco, en la Ciudad de México, y el rancho “Las Mesas”, en Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas.
La PGR también aseguró hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche.
Dos inmobiliarias forman parte de las cinco empresas con diversas actividades económicas que fueron aseguradas.
La PGR ha solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de Estados Unidos de América, España y Costa Rica para obtener información sobre los inmuebles, cuentas bancarias y empresas localizadas en el extranjero y relacionadas con los delitos que se investigan.
